Él Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa y da un nuevo paso en su política de reducción de impuestos y anuncia que en la próxima declaración del Impuesto sobre la Renta, que corresponderá a este ejercicio fiscal de 2023, volverá a deflactar su tramo autonómico. Es una práctica que ya se hizo en la anterior y que la administración quiere repetir debido a la inflación anual.
En los ocho primeros meses del año este indicador ha alcanzado el 3,1%, y ese será el porcentaje que se aplicará a la parte del IRPF que corresponde a las arcas madrileñas. La previsión del Ejecutivo nacional es que 2023 se cierre con un incremento medio del IPC del 3,8%, un 0,7% por encima de las ‘ayudas’ que quiere prestar Isabel Díaz Ayuso.
El Ministerio de Economía y Hacienda calcula que la medida ahorrará 153 millones de euros para un total de 3,5 millones de contribuyentes de la región. Madrid, por tanto, es la primera comunidad autónoma de régimen común que aprueba esta iniciativa dos años seguidos. Según fuentes del departamento de Ayuso, “beneficia a las rentas más bajas”, aunque lo cierto es que se establece el mismo porcentaje, de forma lineal, para todos los estratos económicos. Entre las declaraciones de 2022 y 2023 se ahorrarán 350 millones, añaden las mismas fuentes.
La deflación, por tanto, se realizará al 3,1% en todos los tramos, “al mínimo personal y familiar, las deducciones vigentes y el límite de ingresos” de los mismos.
La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de esta “iniciativa fiscal en cumplimiento de un compromiso incluido en el programa electoral, y que seguirá beneficiando a los contribuyentes, mientras la inflación se mantenga por encima del 2%”. Como se ha dicho, la última previsión es que sea casi el doble.
Hoy se publica en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional el proyecto de ley de deflación para audiencia pública, como paso inicial antes de su paso al Consejo de Gobierno. Una vez recibido el visto bueno, el texto será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación, aprobación y entrada en vigor. Recordemos que el PP tiene actualmente mayoría absoluta en la Cámara Autonómica. El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta comenzará en mayo de 2024, y será entonces cuando se aplicará la deflación que, muy probablemente, pasará el trámite legislativo.
Preparar presupuestos
El Gobierno de Ayuso ya está perfilando los detalles de cuáles serán los presupuestos para 2024, dado que los actuales, de 22.000 millones de euros, han sido prorrogados tras la negativa de Vox, a finales del año pasado, a apoyar al PP.
Una medida de presión en pleno periodo preelectoral que de poco o nada sirvió a los de Rocío Montasterio, que se quedaron en las elecciones del 28 de mayo con apenas 11 escaños y ya no son el socio preferente de los populares y, por tanto, se encuentran prácticamente sin la capacidad de decisión de la legislatura anterior. Utilizaron una táctica similar a la de Ciudadanos al final de la presidencia de Cristina Cifuentes, cuando la entonces líder regional tuvo que abandonar el Gobierno regional por sus escándalos personales, en la primavera de 2018.
No parece que el equipo de Ayuso vaya a tener problemas para sacar sus cuentas de 2024. Un buen ejemplo, precisamente, es esta deflación recientemente anunciada, una medida reeditada del año anterior. Además, en la sección autonómica madrileña se aplicará la reducción de medio punto en el IRPF; Monasterio ha estado presionando, viéndose fuera de juego, para que esta reducción de impuestos se haga con carácter retroactivo para todo el año, en un intento de recuperar la cabeza y salir del ostracismo parlamentario.
Boicot a la inversión extranjera
Otra medida que ha podido salir adelante es una de las que se intentó aprobar al final de la sesión anterior: una serie de incentivos fiscales para atraer importantes inversiones extranjeras. También en ese caso, Vox logró frenar su llegada a buen puerto con su discurso de que sería un insulto a los empresarios (especialmente a las pymes) de origen español o ya afincados en nuestro país.
Una justificación que se produjo también a las puertas de unas elecciones que supusieron un importante revés para Monasterio y su grupo y que, a su vez, devolvieron la mayoría absoluta al PP, que aprobó la medida.