El PSOE ha recurrido el auto que envía a juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a su número dos Francisco Martínez y a una decena de policías por el operación de cocina en el que exige que el PP se siente en el banquillo como beneficiario lucrativo, en lugar de la Administración General del Estado, que aparece como responsable civil subsidiaria de los actos cometidos por todos estos funcionarios públicos.
El documento, al que tuvo acceso torrevieja news today, también solicita que, como prueba previa al juicio, se notifique al Ministerio del Interior para cuantificar los recursos efectivamente gastados en esa supuesta operación que se habría buscado con vigilancia no autorizada e incluso una vivienda. invasión, sustracción de documentación comprometedora. a Luis Bárcenas, entonces tesorero del Partido Popular, en el momento álgido del caso Gürtel.
«El perjudicado es el Estado, pues la actividad ilícita tiene claramente como objetivo obstruir la acción de la justicia. Y perjudica efectivamente a los ciudadanos porque, además, el dinero público utilizado para la realización de los actos perseguidos, ya sea de fondos reservados o presupuestarios, se desvía de los fines de interés público a los que debería haberse dedicado”, argumenta el PSOE como acusación popular. .
Según él, estos fondos “deberían haberse dedicado a la seguridad de todos los ciudadanos y no a impedir, en palabras del Ministerio Fiscal, que se aportara formalmente todo el material potencialmente incriminatorio contra el Partido Popular y sus dirigentes que pudiera ser investigado”. ” al tribunal de la Audiencia Nacional que investigaba a Gürtel.
El coste real de la cocina.
“Supone un doble daño: el Partido Popular dificultó la acción de la justicia para evitar que los presuntos delincuentes fueran perseguidos y, además, retuvo fondos y recursos públicos que deberían haber sido destinados a garantizar la seguridad ciudadana”, señala el recurso. reflejos.
El caso ya ha demostrado un gasto de algo más de 57.000 euros de los fondos reservados para el presunto espionaje a Bárcenas mediante pagos a su chófer, Sergio Ríos, a quien la trama también proporcionó una pistola. Sin embargo, el PSOE considera que la cantidad malversada y por tanto el daño al erario público, es mucho mayor dado que, según la Fiscalía, para el despliegue se movilizaron hasta 70 policías.
Por ello, solicita que, como prueba previa al juicio, se informe a la Unidad de Asuntos Interiores para que recopile información del Ministerio del Interior sobre el coste real de los medios públicos desplegados en la Operación Cocina, más allá de los fondos reservados que se movilizaron en dinero en efectivo.
Paralelamente, la defensa de Martínez, que ya recurrió el auto la semana pasada, ha presentado otro escrito en el que solicita directamente su anulación, entre otros motivos, porque incluye delitos por los que habría sido necesario transformar el caso en un procedimiento sumario. .