El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto estudiar en el pleno de esta semana el recurso del Grupo Popular contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de no solicitar al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los condenados por el ‘ procés’ en 2021. Según ha podido saber torrevieja news today, el ponente del recurso, el juez Ricardo Enríquez, propone pactar con los popularesquienes denuncian la vulneración de su derecho a ejercer su cargo como parlamentario y el deber de los órganos de la Cámara Baja de preservarlos.
El partido popular presentó una solicitud de informe a la Mesa del Congreso al Ministerio de Justicia y a Presidencia del Gobierno para recoger todos los documentos que integraban los expedientes de estos indultos, algo que Batet rechazó. El Gobierno, por su parte, se había basado en la protección de datos para negarse a hacer públicos los expedientes completos sin el consentimiento de los afectados.
La pugna entre el PP y La Moncloa por el acceso a todos los expedientes relacionados con los indultos del ‘procés’ comenzó prácticamente después de que se concediera la medida. El 23 de junio de 2021, apenas un día después de concederlos, la portavoz popular, Cuca Gamarra, solicitó al Ejecutivo, a través del Congreso, copia de todos los documentos. El Gobierno respondió el pasado 2 de septiembre rechazando la solicitud con el mismo argumento con el que está vetando el acceso de los ciudadanos a estos documentos a través de Transparencia. «Contienen circunstancias personales, familiares y sociales, así como datos sobre delitos penales que No podrán ser divulgados sin el consentimiento expreso del afectado.» o «después de los plazos establecidos» (25 años desde la muerte del indultado o 50 años desde la concesión del indulto).
En contra de la jurisprudencia del TS
Los populares consideran que este argumento vulnera la legalidad. En primer lugar, porque es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la derecho de la sociedad a estar informada sobre los indultos concedidos. En segundo lugar, porque los datos personales pueden ser suprimidos como de hecho se hace en las resoluciones judiciales. Para el grupo parlamentario, el argumento del Gobierno revela su voluntad de “eludir, por cualquier medio y de forma arbitraria, el deber de aportar documentación”.
Ocho días después de recibir esta respuesta, el portavoz popular decidió pedir protección a Batet para que instara a La Moncloa a enviar los documentos. El presidente de la Cámara Indicó que no le correspondía “evaluar” la respuesta del Ejecutivo, pero lo hizo explícitamente al negar que el Gobierno haya incumplido con su deber porque ofreció “razones legales” para no facilitar la información.