Los líderes del PSOE y Sumar dan por hecho que sobrevivirán al frente de un futuro Ejecutivo, pero sus aliados imprescindibles no tardan en frenarles.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han firmado un programa de gobierno para los próximos cuatro años. un programa con más de 200 promesas de diferente magnitud que marcarán los lineamientos del legislativo. El problema es que esto es una hoja de ruta para un Gobierno y ese Gobierno no existe en estos momentos. Sánchez y Díaz dan por sentado que volverán a formar un Ejecutivo de coalición progresista pero hasta la fecha sólo cuentan con 158 votos seguros en apoyo a la investidura del líder socialista -121 del PSOE, 31 de Sumar y 6 de EH Bildu-, en el falta de 17 para alcanzar la mayoría absoluta o, en el peor de los casos, de 14 para superar en la segunda votación los 171 noes que tiene garantizada la aspiración de Sánchez.
Sánchez y Díaz han puesto el carro delante de los bueyes porque su pacto, su oferta y todas sus promesas son a costa de los aliados con los que esperan contar para pactar con ellos y, sobre todo, que incluya exactamente lo que ninguno de los dos Quería explicar este martes: la satisfacción de las demandas que ha planteado Puigdemontes decir, una ley de amnistía que borre todo lo ocurrido en el proceso; un compromiso firme, con un ponente atento, para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y una solución inmediata al que consideran su déficit fiscal.
Desde el pasado 23 de julio, PSOE y Sumar negocian los términos de su acuerdo, estirando el chicle hasta el infinito e incluso intentando hacer creer que su pacto podría estar en peligro. La cosa era darle emoción. Este martes finalmente lo escenificaron ante un numerosísimo público de fieles de ambos partidos: ministros, secretarios de Estado, portavoces, miembros de sus respectivos equipos… y periodistas de apoyo a los que no se les permitió hacer preguntas. Si hubieran podido hacerlo, sin duda habrían influido precisamente en lo que ni Sánchez ni Díaz quisieron decir y que, en realidad, es la clave de lo que marca políticamente el futuro del país.
De momento, uno de sus posibles socios, el PNV, que suma cinco votos en el Congreso, ya ha mostrado sus recelos ante el pacto PSOE y Sumar. A los nacionalistas vascos que integran un partido demócrata cristiano en las antípodas del populismo y el radicalismo de izquierdas les acecha la sospecha de que buena parte de las medidas que, especialmente Yolanda Díaz, presentadas como definitivas y sin doblar la esquina, suponen una invasión. de sus poderes. Además del malestar suscitado por el anuncio de que se pretendía hacer permanentes los llamados impuestos a la banca y a la energía sin negociación previa y, en consecuencia, sin garantías de respeto al Concierto y Acuerdo Económico. El PNV ya advierte que no aceptará la imposición de una agenda en la que no ha participado y que puede chocar con la suya.
Otra formación que sin duda no se puede catalogar como parte de la izquierda dura es Junts. El partido heredero del viejo Convergencia, liderada ahora de facto por el prófugo Carles Puigdemont, tiene sus principales intereses precisamente en lo que esconden Sánchez y Díaz. Este martes, Junts optó por no hacer ninguna valoración del acuerdo bilateral entre PSOE y Sumar. Como desdeñarlo. Sin embargo, basta recordar que esta formación optó por abstenerse cuando el Gobierno de coalición llevó a la Cámara en la pasada legislatura el impuesto extraordinario a las entidades financieras y a las grandes energéticas, el pozo del que el matrimonio firmante del pacto espera sacar un buen parte del dinero que hará falta para financiar el resto de sus múltiples promesas. De ahí el impuesto de sociedades. Junts en su programa electoral exigió, además de una rebaja de este impuesto para las pymes, traspasar la gestión de todos los impuestos a la Generalitat.
jornada laboral
Estos partidos no se han pronunciado sobre la medida estrella del pacto, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pero sin duda ambos serán conscientes de cómo afectará principalmente a las pymes y apostarán por que tal propuesta se negocie en el marco del diálogo social. Esto es entre sindicatos y empleadores. A juzgar por las palabras de Díaz, la intención del Gobierno es aprobar por ley una primera reducción y, posteriormente, abordar una segunda fase de reducción con sindicatos y empresarios. Precisamente por eso la posición de los hipotéticos aliados de un futuro Gobierno es clave: la ley no saldrá adelante si al rechazo de fuerzas como PP, Vox y UPN se combina el no o la abstención de partidos como el PNV y Junts.
ERC tampoco ha dado la razón, al menos con las formas. Sánchez y Díaz, en la presentación de su pacto, han dado por hecho que volverán a gobernar. Este punto es el que Esquerra quiso aclarar inmediatamente. Los republicanos se han encargado de recordar a ambos que de poco servirá su acuerdo si no cuenta con el apoyo del independentismo. De esta forma, si lo que pretendían PSOE y Sumar era presionar al resto de posibles aliados con la firma de su pacto, no han obtenido por ahora el éxito esperado. Con su resultado electoral no hay rodillo que valga la pena.
La seguridad con la que ambos han dado por hecho su futuro Gobierno ha dado lugar a que el PP exija al presidente del Congreso, Francina Armengol, para fijar la fecha del debate de investidura. El popular Creen que si Sánchez y Díaz tienen tan clara su supervivencia al frente del Ejecutivo, no pueden esperar un día más a que el primero confirme, con las votaciones por delante, que cuenta con la confianza del Congreso. Cualquier otra cosa cansa y hace perder el tiempo.