El Estado adelanta el dinero para que las víctimas no se queden sin pagar y luego tiene que controlar a los condenados para que, en cuanto tengan ingresos, paguen el anticipo.
La Administración no tiene abiertos procedimientos de cobro abiertos por vía administrativa sobre las sentencias dictadas contra los condenados por ETA que fueron presentados en las listas de Bildu desde 2011. Así lo reconoce la propia Administración. Ministerio del Interiorresponsable de la emisión de estos archivos, en carta enviada a la Audiencia nacional y al que has tenido acceso EL MUNDO.
Este hecho supone, a todos los efectos, que el Estado, a través del Ministerio del Interior, no ha realizado ningún movimiento para intentar averiguar, en primer lugar, si los etarras pendientes de pago de la responsabilidad civil tienen ingresos y si esos ingresos pueden ser deducido. la parte que tienen pendiente de sentencia. Estas responsabilidades las adelanta el Estado para que las víctimas no se queden sin pagar y luego tiene que encargarse de hacer un seguimiento con los condenados para que, en cuanto tengan ingresos, les devuelvan el anticipo.
Durante los últimos años la Guardia Civil ha llevado a cabo un par de operaciones por iniciativa propia a partir de los ingresos de ex terroristas que cumplieron condenas. Una vez que salen de prisión y empiezan a trabajar, se les puede embargar el salario, excepto el salario mínimo interprofesional.
Fueron las víctimas quienes descubrieron que en las listas de EH Bildu habían entrado candidatos condenados por delitos de terrorismo. De hecho, precisó que desde 2011, 44 con estos antecedentes han sido incluidos en sucesivos procesos electorales. La denuncia fue contra las listas contaminadas en las elecciones de 2015, 2016 y 2019.
Las “listas contaminadas”
Dignidad y Justicia Denunció ante la Procuraduría General de la República las listas contaminadas que violaban la legislación partidaria. Esta denuncia provocó un efecto cascada que llevó también a la detección de candidatos que aún no habían cumplido con la inhabilitación para ejercer cargos públicos a la que fueron condenados.
Este movimiento de las víctimas incluyó también la denuncia de estos hechos ante las juntas electorales del País Vasco y la Central. Los procedimientos de las víctimas no sólo destaparon la inhabilitación de los candidatos sino que también precisaron los datos que manejaba la Fiscalía para evitar que los condenados por inhabilitación se presentaran a los comicios.
Pero las víctimas exigieron más información al Estado. Presentaron un escrito al servicio de ejecución común de la Audiencia Nacional. Querían saber no sólo el grado de cumplimiento de las penas de prisión e inhabilitación, sino también hasta qué punto habían alcanzado el pago de las responsabilidades civiles que les impuso la Justicia. Y así, pidieron verificar si tenían responsabilidad civil pendiente.
No fue una sorpresa para las víctimas ver que de esos 44 candidatos iniciales, había una decena que no había afrontado el pago de sus responsabilidades. Lo que sorprendió fue la literalidad del escrito que les envió el servicio común de ejecución de la Audiencia Nacional. Adjunto el escrito del Ministerio del Interior del día 9 en el que la Administración de Seguridad del Estado expresa: En relación al escrito (…) en el que se solicita información sobre los procedimientos de cobro abiertos por la vía administrativa para la reclamación de responsabilidad civil pagados por el Estado contra los condenados por delitos de terrorismo relacionados con el anexo del citado documento, se informa que, una vez revisada la base de datos de esta unidad, no existe ningún procedimiento de cobro abierto por la vía administrativa. respecto de las sentencias dictadas contra los condenados en los expedientes. Quien firma esta carta es el director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.