Enrique Santiago asegura que no es una propuesta sobre Palestina pero subraya que “no hay duda de que Israel está cometiendo genocidio”
Sumar ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para reformar la ley orgánica del Poder legal para recuperar la jurisdicción universal en España y de esta manera permitir que las autoridades del Estado tengan facultades para perseguir crímenes de derecho internacional independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas.
La formación liderada por Yolanda Díaz pretende restablecer un sistema de justicia internacional que impida la impunidad por violaciones graves de derechos humanos, como la comisión de delitos que pueden calificarse como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, desapariciones forzadas o torturas, exigiendo simplemente la existencia de algún tipo de vinculación con nuestro país independientemente del lugar donde fueron cometidos y de la nacionalidad del perpetrador o víctima. Esta conexión con España ni siquiera debería exigirse cuando se trata de hechos que califican como delito de genocidio.
Diputado Enrique Santiago ha asegurado que no se trata de una propuesta ad hoc sobre lo que está pasando en Palestina pero luego añadió que “desde el punto de vista criminal no hay duda de que se está cometiendo un genocidio” por Israel contra la población de Bucle.
La reforma propuesta por Sumar propone volver al contenido contemplado en la Ley del Poder Judicial de 1985, recuperando el principio de jurisdicción universal incluyendo la posibilidad de perseguir delitos contra la dignidad humana como el apartheid o la esclavitud y recuperando también la llamada acción popular y la posibilidad de presentar una denuncia ante los tribunales españoles.
La propuesta también introduce una disposición transitoria que permite reabrir todos los procedimientos que fueron archivados en 2014, como es el caso, por ejemplo, del periodista José Couso.
La jurisdicción universal en nuestro país fue limitada en 2009 y luego prácticamente eliminada en 2014 al incluir la condición de que el responsable del delito sea español o resida en España. Fue entonces cuando todos los casos abiertos hasta entonces también se vieron obligados a archivarse.
Genocidio
La propuesta de Sumar también precisa que los “casos de amnistía o indulto no producirán efectos exclusivos para el ejercicio de la jurisdicción si en su tramitación y otorgamiento se cumplen los tratados y convenios internacionales suscritos por España y en particular los relativos a la protección internacional de Por su parte, La absolución no será requisito impedimento cuando haya sido pactada por la prescripción de la acción penal, en el caso de que el delito correspondiente sea imprescriptible de conformidad con los tratados internacionales suscritos por España o por el derecho penal español.
Según la iniciativa, la jurisdicción española podría actuar en casos de genocidio; crímenes contra la humanidad; delitos de desaparición forzada; tortura; terrorismo; piratería e incautación de aeronaves; tráfico de seres humanos; delitos contra la indemnización sexual contra menores o incapaces; el tráfico de drogas; mutilación genital femenina y delitos graves contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En los casos de genocidio, no será necesaria la existencia de cualquier vínculo o conexión con España para ser perseguidos ante los tribunales. El proceso penal iniciado en España será sobreseído provisionalmente cuando exista evidencia de la iniciación de proceso judicial suficiente sobre los mismos hechos en el país en que fueron cometidos.