El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus; El ex directivo de Imelsa, Marcos Benavent -autoproclamado ‘adicto al dinero’- y su ex suegro, Mariano López, han sido absueltos de la pieza denominada Centro de llamadas del caso Imelsa, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Rus, Benavent y López, y otros cuatro implicados, fueron acusados de cometer delitos de prevaricacióntráfico de influencias, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica y telemática a la empresa Servimun SLU.
Esta causa constituye la pieza separada D del llamado ‘Caso Taula-Imelsa’, cuyo juicio se desarrolló entre el 25 de abril y el 5 de junio de este año. En el proceso de conclusión, la Fiscalía retiró la acusación a un octavo imputado, Fernando PR, por su estado de salud. La sentencia, que fue notificada este miércoles, puede ser recurrida en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa adjudicó a Servimun SLU el contrato de una centro de servicios multicanal (telefónica y telemática) que facilitaría información a los contribuyentes sobre determinados impuestos municipales. El contrato estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2015 y no fue prorrogado.
La Sala entiende que no ha quedado acreditado que Rus tuviera participación alguna en el proceso de adjudicación, ni que “valoraciones arbitrarias o sesgadas” mediaran en el análisis técnico de las ofertas presentadas en beneficio de Servimun SLU en perjuicio del resto de licitadores.
Respecto al desarrollo del contrato, para el que Servimun SLU contrató como asesor al ex suegro de Benavent y a su empresa Técnicas Legales Administrativas SLU, los magistrados tampoco dan por probado que los servicios telefónicos o telemáticos que prestaba el Contact Center proporcionar “no fueron aportados en su totalidad”, sino que, “por el contrario, hubo una sobredimensión del mismo”.
El Tribunal ha rechazado las alegaciones sobre la posible vulneración de derechos fundamentales presentadas por la defensa como cuestiones previas, como la práctica de diligencias de instrucción fuera de plazo o la utilización como prueba de documentos incautados por los investigadores en determinadas entradas y registros.
En la resolución, la Corte examina cada uno de los delitos por los que acusó el Ministerio Público y concluye que no se ha acreditado la comisión de alguno de ellos.
Así, respecto al delito de prevaricación administrativa, señala que la adjudicación del contrato a Servimun SLU “siguió todos los trámites procesales propios de un contrato de esa naturaleza con cuantía superior a los 150.000 euros previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”. ”
Respecto a la malversación de fondos públicos, precisa: «Difícilmente se puede considerar desvío de fondos públicos “el monto indicado por la Fiscalía porque su acusación se basa en una condena que ya hemos declarado inprobada, la del contrato amañado”.
“No hay pruebas”
Respecto al delito de tráfico de influencias, los magistrados concluyen que no hay “pruebas” lo que permite afirmar que Rus “ejerció influencia alguna en la decisión de adjudicación del contrato (…) en busca de un beneficio para sí o para un tercero”, ni que esa posible influencia fuera desplegada por Marcos BV o José Mariano LS
El Tribunal tampoco considera probada la concurrencia de delitos continuados de falsificación en documento mercantil y falsificación en documento oficial, ya que “no se ha producido alteración de la verdad” en los documentos contractuales analizados.
Finalmente, la Sala llega a la misma conclusión respecto al delito de blanqueo de capitales que la Fiscalía atribuyó al resto de imputados, ya que la cifra de 198.835 euros a la que alude la Fiscalía como pagos Servimun no puede considerarse “inusual ni desproporcionada”. SLU a estos demandados y que fueron debidamente declarados a la Agencia Tributaria en tres ejercicios fiscales, entre otros argumentos.
Reacciones políticas
En este sentido, el defensor del Pueblo del PP en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachinaha celebrado la absolución del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus en la pieza ‘call center’ del caso Imelsa y ha reclamado disculpas a las partes que según él emprendieron una “persecución” contra el expresidente de la ‘ popular’ en la provincia.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Compromís, Joan Baldovíha asegurado que “a Rusia le ha tocado la lotería hoy”, pero ha avisado de que “tiene muchas más posibilidades de recibir una sentencia dura”.