Final feliz esta mañana en los juzgados de Arenys de Mar (Maresme) donde una nutrida representación de la comunidad norteafricana del Vallès Oriental ha dado apoyo a la reivindicación de Rashida, una madre de Montornès del Vallès a la que la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) retiró a su hija de cuatro años, Mariem, basándose en argumentos que no se han podido probar y por los que han tenido que devolver a la pequeña a su familia. “Ahora creo en la justicia, pero las acciones de la DGAIA deben ser investigadas”, dijo Rashida.
“Estamos hartos de los abusos y hostigamientos de la DGAIA hacia nosotras” dicen los miembros de la comunidad marroquí que apoyaron el regreso de Mariem a su familia. Según han explicado, en el colegio de Montornès al que asistía la pequeña interpretaron que su padre podría haberla sometido a abusos sexuales. “Los servicios sociales intervinieron, coaccionaron a la madre y la denunciaron a la DGAIA” que, por su parte, inmediatamente “sin una investigación” retiró la custodia, sin siquiera darles la oportunidad de probar “que fue un error”.
“La DGAIA abusa de nosotros”
Quienes han probado la inocencia de la familia han sido los informes periciales, que según miembros de la comunidad, después de que un médico forense haya examinado a la pequeña, han dado lugar a la devolución de la menor a su familia. “Pero la niña ha quedado traumatizada por el trato que ha recibido” lamenta la madre y “los que han cometido el error no nos han pedido perdón ni ofrecido soluciones para que la pequeña pueda volver a la normalidad, sin miedo”.
Este caso, según miembros de la comunidad marroquí, “es uno más de los abusos que se cometen contra nosotros, porque creen que por ser extranjeros no cuidamos de nuestra familia”. El examen al que los peritos judiciales han sometido a la pequeña ha concluido que “no hubo abusos”. Sin embargo, la pequeña lleva varias semanas bajo custodia de la DGAIA “sin permitir que su madre la visite” y “sometiéndola a tratos vejatorios”, explica, cada vez que lo intenta. Aseguran que tienen hasta “37 expedientes de un solo colegio que tutela la DGAIA”, revela Abdesalam, por lo que no descartan abrir la vía judicial.
Concentración de la comunidad magrebí en los juzgados de Arenys de Mar
AAuate Zellali, activista de la comunidad marroquí, destaca que hay otros casos que apuntan a un comportamiento negligente por parte de la DGAIA, ya que suelen “tomar medidas radicales sin antes investigar los casos” y aplicar un protocolo radical “en el que no dar opción a la defensa de los afectados”.
Por su parte, el educador César Muñoz, consultor internacional de Infancia que sigue de cerca el caso y brindó la ayuda de una educadora social para alojar temporalmente a la niña, asegura que “se ha resuelto la separación de Rachida y Mariem” tras elevar la petición a la dirección de la DGAIA ya la Secretaría General de la Niñez. Sin embargo, lamenta que en “repetidas ocasiones la dirección general no respete ni tenga en cuenta las cuestiones jurídicas y, sobre todo, humanas” tipificadas en los artículos 2 y 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, suscrita por todos los países. del mundo.
protocolo DGAIA
Por su parte, fuentes de la DGAIA no entran en valorar el caso concreto de Montornès, pero recuerdan que decide retirar las tutelas de forma colegiada -un equipo de trabajadores sociales y psicólogas o representantes del colegio-. La decisión, señalan, “se medita y se contrasta” y se toma cuando se detectan indicadores de indefensión. Antes de tomar decisiones, “se dan indicaciones, oportunidades y ayudas a la familia”.
Desde la dirección general aclaran que “no son motivos de desamparo, ni de pobreza, ni el hecho de que la familia sea extranjera o se encuentre en situación administrativa irregular”. Insisten en que se retire la tutela “si hay indicios de que el niño está desamparado, abandonado o maltratado”.
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