Una vecina de la localidad valenciana de Catarroja denuncia haber sufrido un supuesto caso de discriminación lingüística en el que su médico se negó a tramitar su baja laboral por no hablar con él En inglés. Según la paciente, el médico la presionó para que dejara de hablar en valenciano y luego el coordinador del centro de salud avaló la actitud de la trabajadora pública.
Plataforma per la Llengua, entidad autoproclamada como ‘ONG Catalana’, se ha hecho eco de este nuevo episodio de presunta violación del lenguajeal mismo tiempo que ha servido de puente a la reclamación que ha presentado el paciente para que se siga el proceso y la Administración Pública investigue los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre.
Según la experiencia narrada por la usuaria, acudió a urgencias porque tenía un resfriado muy fuerte. Ella explica que, a mitad de su explicación, El médico lo interrumpió y le exigió que hablara en español.. Sin embargo, mantuvo su deseo de seguir hablando su lengua materna, a lo que, sostiene, el profesional sanitario le dijo que no podía atenderla, negándose así a tramitar su baja “si no se cambiaba al español”.
Según la organización lingüística, justo después de estos hechos, el coordinador del centro médico ingresó a la consulta y coincidió con el médico, obligando ambos a cambiar de idioma. Ante esta demanda, todos discutieron hasta que el usuario admitió sentirse “humillado y amenazado”.
Por todo ello, Plataforma envió un escrito al centro de salud con el objetivo de conocer su versión y recordar que deben garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios. En este sentido, considera que estas discriminaciones vulneran la ley y, en concreto, los valencianohablantes, ya que el artículo 3 de la Ley 4/1983, sobre Uso y Enseñanza del Valenciano, responde al derecho de los ciudadanos a expresarse en la lengua materna. sin ser discriminados por motivos lingüísticos.
Asimismo, destaca, el artículo 9 de la Estatuto de Autonomía determina que los ciudadanos valencianos tienen derecho a dirigirse a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y recibir respuesta en la misma lengua utilizada.
En este sentido, la entidad recuerda que el decreto 61/2017 establece que el valenciano será la lengua de uso normal y general de la Administración de la Generalitat Valenciana, y, por tanto, de los centros sanitarios, y que una norma estatal, el Estatuto del Empleado Público dispone que los funcionarios garanticen la atención a los ciudadanos en el idioma que solicitaron, siempre y cuando sea oficial en el territorio.
«Falta muy grave»
«Aunque, individualmente, un trabajador no está obligado a saber valenciano, no puede privarse de un servicio por razón del idioma, y La administración tiene la obligación de organizar para que la atención sea disponible tanto en valenciano como en castellano”, defienden. Finalmente, en el caso de los servicios sanitarios, el artículo 72 de la Ley 55/2003 considera “falta muy grave” cualquier actuación que suponga discriminación por motivos ideológicos o lingüísticos. tanto del personal como de los usuarios de los servicios Centros sanitarios.
En referencia a este caso, Plataforma per la Llengua ha convocado una manifestación frente al centro médico de Catarroja para este lunes 30 de octubre para defender los derechos lingüísticos y perseguir la ‘valencianofobia’. En su último informe sobre violaciones lingüísticas confirma, siempre según sus datos, que este tipo de discriminación se ha triplicado en la sanidad durante el último año.
Durante el Gobierno de Ximo Puig, Plataforma por la Lengua instó al Ministerio de Sanidad y a la dirección de los centros sanitarios a informar a los profesionales de su deber de garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en valenciano. Además, en 2020, la entidad impulsó la campaña “La asistencia sanitaria en valenciano”, en la que se reclamó una normativa sobre la formación lingüística del personal sanitario y se presentó una propuesta de protocolo para garantizar la asistencia sanitaria en valenciano. Sin embargo, el Ejecutivo del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos hizo caso omiso a sus peticiones y no aprobó ningún decreto específico para desarrollar el requisito lingüístico en el ámbito sanitario.