El juicio por el crimen de Diego Bello, asesinado a tiros el 8 de enero de 2020 en la isla filipina de Siargao, está en el aire. Las elecciones a la alcaldía de los barrios de Manila, capital del país donde se celebra la vista por la muerte del coruñés, obligaron a cancelar el pleno contra los tres policías acusados del crimen del mismo día en que comenzaron las primeras declaraciones. De momento, la familia del joven no tiene garantías de la fecha en la que recuperará la vista, aunque las primeras informaciones que les llegan desde Filipinas apuntan al 20 de noviembre. La idea de los padres de Bello, explica a torrevieja news today su tío Francisco, está presente en la sala en la que se deben aclarar las lagunas de un hecho que lleva cuatro años en fase de investigación. «Lo que queremos es que se haga justicia. y que quien acabó con la vida de Diego cumpla la pena máxima”, reconoce el portavoz de la familia, que inició una lucha internacional para que la muerte del coruñés no quede impune.
“Lo primero que encontramos al enterarnos de lo sucedido fue un atestado policial en una hoja de papel que decía que la policía había actuado en legítima defensa y que Diego ya había traído el cuerpo”, critica Francisco Bello. Sus palabras muestran las costuras de una investigación deficiente en sus primeras etapas, durante el cual ni siquiera se tomaron declaraciones a los vecinos de la zona ni a la novia del fallecido, quien en ese momento se encontraba en su casa y escuchó el tiroteo. Tampoco hubo conversación con los allegados de Diego, que llegaron 5 minutos después de que dispararan al coruñés.
En su defensa, los agentes involucrados –Vicente Pañuelos, Roel Azarcón y Nido Boy– alegaron que Diego sacó un arma de una riñonera y les apuntó, lo que los habría obligado a dispararle casi sin pensar. Sin embargo, el informe de balística elaborado por el NBI (organización equivalente al FBI estadounidense) revela que los casquillos de bala recogidos en la escena del crimen fueron manipulados para simular una fotografía que no se produjo. El mismo documento también confirma que a Diego le dispararon “de arriba a abajo”, lo que implica que se encontraba en el suelo cuando alguien, de pie, lo sentenció. La imagen, defiende la acusación en el caso, no coincide con una acción en defensa propia, menos aún cuando se habla de tres personas frente a una. En este punto será decisivo el testimonio de uno de los peritos del NBI llamados a declarar ante el tribunal, y cuyo testimonio fue cortado el primer día de la audiencia por su extensión. De ahí que, si se mantiene el calendario previsto, esta declaración se retomará el día 20.
Pero además de la supuesta manipulación de los casquillos, los agentes tendrán que explicar qué les llevó a derribar a sangre fría el que Lo consideraban, según su defensa, el mayor narcotraficante de la localidad. Durante meses, la supuesta relación de Bello con el mundo del narcotráfico justificó su muerte, pero las investigaciones en los registros municipales confirmaron que su nombre no aparecía en ninguna de esas listas donde cada localidad reporta a sus sospechosos. Además, ni sus cuentas bancarias ni el local que regentaba (un restaurante y una tienda de camisetas) fueron registrados en busca de sustancias. Tampoco existe relación entre el arma que Diego sostenía en sus manos la noche de su muerte y su dueño, un vecino de Manila que nada tenía que ver con el coruñés.
Asesinato y manipulación
Tanto para la acusación particular como para la Fiscalía, parece claro que los tres policías Agredieron a Bello sin darle opción a defenderse cuando regresaba del trabajo, alrededor de la 1 de la madrugada. Tampoco tienen dudas de que los imputados modificaron las pruebas para escapar de la cárcel, por lo que enfrentan dos presuntos delitos: asesinato y manipulación de pruebas. A la misma conclusión llegó tiempo antes la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que encuadró el asesinato en la guerra contra el narcotráfico que se libra desde hace años en el país y que, se teme, ha servido para excusar muchas muertes injustificadas.
Después de cuatro intensos años de lucha, la familia del fallecido respiró aliviada la semana pasada al saber que Los tres policías esperarán a que se reanude el juicio en la prisión municipal de Manila.Es una de las peticiones que el fiscal puso sobre la mesa del juez encargado del caso, quien acordó trasladar a los agentes de la Policía Nacional de Filipinas desde la prisión militar en la que se encontraban a esta prisión, que tiene cinco veces la población penitenciaria. . para el cual fue diseñado.
“Estaban en un régimen muy cómodo y lo que pedíamos era que tuvieran el mismo trato que un preso común”, explica Francisco Bello sobre la medida. “Creemos que son pequeños pasos en la dirección correcta”, subraya el tío del fallecido, recordando que los acusados estuvieron prófugos durante casi un año “sin que pasara nada y sin que nadie nos diera ningún tipo de explicación”. “Ahora entendemos que hay interés en que las cosas se hagan bien”, resume a la espera de una sentencia que será analizada con una lupa de lente internacional.