El presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Oliver Röpke, ha aprovechado su visita al CES de Castilla y León para exigir que la Comunidad vuelva a ser el “faro” del Diálogo Social y la defensa de los derechos fundamentales. “Para mí el Diálogo Social es uno de los derechos fundamentales y cada vez que nos presionan hay que actuar, porque seguimos implicados en el Diálogo Social y conscientes de la necesidad de que haya consenso”, afirmó.
Con motivo de una reunión con el Pleno del CES regional y el Grupo de Enlace con la sociedad civil del Consejo, que tuvo lugar en la sede del CES en Valladolid, Röpke recordó que hace cuatro años cuando visitó Valladolid pudo comprobar eso Castilla y León fue considerada un “modelo” de Diálogo Social y para anticipar cambios. No en vano, en aquella ocasión, se abordó el problema de la deslocalización industrial.
Oliver Röpke ha destacado la importancia del Diálogo Social en la transformación de la economía y su contribución positiva al éxito de la reestructuración empresarial. Además, ha precisado que las empresas con un Diálogo Social que funciona obtienen mejores resultados, son más competitivas y pagan salarios más altos.
El presidente del CESE ha valorado, según informa la Agencia Ical, el papel “fundamental” de los consejos económicos y sociales -ya sean regionales, nacionales o europeos- y los interlocutores sociales en materia laboral para apoyar la convergencia al alza de salarios y condiciones de trabajo, luchar contra el trabajo precario y eliminar la brecha salarial de género.
En concreto, ha destacado la “relevante” labor de los consejos regionales a la hora de intentar garantizar los derechos laborales. “Ustedes son los más cercanos a las preocupaciones de los ciudadanos y, por lo tanto, el diálogo tripartito en sus instituciones es de suma importancia para escuchar estas demandas y expectativas y alcanzar compromisos equilibrados”, añadió. En su opinión, los consejos económicos y sociales deben garantizar condiciones laborales dignas, contribuir a la prevención y resolución de conflictos laborales entre empresas y trabajadores, promover órganos de arbitraje laboral, apoyar la negociación colectiva y la libertad sindical.