Casi 120 millones de euros fue el presupuesto que estableció a finales del año pasado Migraciones para la asistencia humanitaria a lo largo de 2023. De ellos, 14,7 millones se destinaron a acogida de emergencia y 7,2 a costes. Pero en este último se fijó la llegada de 35.000 personas, cifra que ya fue superada el 15 de octubre, cuando aún faltan dos meses y medio para que finalice el presente año. A cada una de esas personas que llegan en patera o barco se le asigna un coste de 208 euros por atención en la costa y luego se suman las partidas de los diferentes recursos a los que se derivan.
Sin embargo, ese plan detalló que la disponibilidad de plazas en el programa de atención humanitaria “debe estar sujeto a necesidades reales, los cuales según los datos históricos de llegadas a las costas y beneficiarios finales de la acogida son bastante variables.
En el momento de dar forma a este plan -noviembre de 2022-, la Dirección General de Asistencia Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración sólo contaba con la Gestión directa de los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. -1.294 plazas-, “manifiestamente insuficientes”, señalaron, para cubrir las necesidades. En los últimos años el resto de la acogida se ha cubierto mediante subvenciones a ONG con los siguientes precios de referencia. Cada lugar de acogida integral cuesta 42 euros al día; siete más si son familias o perfiles vulnerables; 72 por plaza y día en los casos de acogida integral de posibles víctimas de trata de personas; 36 euros por cada uno de los migrantes que ingresan en los centros de atención, urgencias y derivación (CAED) para la respuesta inmediata a grandes llegadas; La recepción de emergencia cuesta 24 euros por día y los traslados 172 euros por persona. La asistencia sociosanitaria en el CETI cuesta 350 euros por beneficiario.
El precio de la atención.
humanitario
Familias/perfiles de IA con vulnerabilidad
AI-posible víctima de trata
CETI atención sociosanitaria
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / A B C
El precio de la atención.
humanitario
Familias/perfiles de IA
con vulnerabilidad
Posible víctima de IA
de trata
36€/plaza por día
24€/plaza por día
172€/beneficiario
163€/beneficiario
208€/beneficiario
350€/beneficiario
CAED
Recepción de emergencia
Transferencias
Grandes ciudades
Atención en costas
CETI atención sociosanitaria
Fuente: Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones / A B C
Estas tarifas de referencia también se aplican si es necesario utilizar alojamiento externo, como ha ocurrido estas semanas: albergues, hostales, hoteles e incluso un spa. «El empresario prefiere alojar a estas personas antes que cerrar su establecimiento. Hay oferta”, indican desde Migraciones. Muchos dedicarán poco tiempo, el justo para ganarse la vida.
Sobre el papel, no hay fisuras aparentes en la política de inmigración del actual Gobierno, pero sí las hay detrás de escena. Los ministros de Interior, Migraciones, Defensa, Transportes, Política Territorial, Asuntos Exteriores y Presidencia se han reunido o hablado en estas semanas de crisis para buscar soluciones. Uno de ellos pasa por abrir plazas de refugio en cuarteles de la Península, como ya se hizo en Canarias tras el colapso de Arguineguín (Gran Canaria). Pero la titular de Defensa, Margarita Robles, no era partidaria de esta opción y así la defendió la primera vez que se planteó la posibilidad ante el Consejo de Ministros del pasado día 17.
Según fuentes conocedoras de aquella reunión, Robles se opuso a ceder esas instalaciones, pero el ministerio de José Luis Escrivá le reprochó que rechazara la medida de emergencia, mientras algunos cuarteles se han utilizado como decorados para filmar series y películas.
Las mismas fuentes aseguran que desde el departamento de Escrivá se filtró a un periódico que decía que se utilizarían instalaciones militares cuando la medida aún no había sido aprobada formalmente, con el consiguiente enfado de Defensa.
La avalancha de llegadas ha puesto a prueba no sólo el sistema de acogida, sino también a los ministros. Las fuentes consultadas aseguran que Escrivá declaró la crisis de emergencia con el fin de agilizar los trámites administrativos para contratar y criticar el “buen carácter” exhibido en ocasiones y del que, dicen, se hacen eco los traficantes de personas.