La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) afirma que la norma “no es admisible en la Constitución española de 1978”
La principal asociación de jueces emitió un durísimo comunicado a última hora del miércoles contra la aprobación de una ley de amnistía. “Ahora pretendemos dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y hacer estallar el Estado de derecho”, afirma el Asociación Profesional del Poder Judicial (APM).
El comunicado considera que una ley así “no es admisible en la Constitución española de 1978”, porque entra en conflicto con sus elementos esenciales, entre ellos la igualdad o la separación de poderes. La asociación considera “inaceptable e inaceptable en una democracia plena” que se vaya a aprobar una ley que libere “sólo a unos pocos” de sus responsabilidades penales.
Añade que el texto legal que será presentado inminentemente en el Congreso supone un ataque a los jueces y su tarea de aplicar las leyes, dando a entender que las sentencias vinculadas al 1-O fueron “por delitos políticos”.
El escrito de la asociación que preside la jueza María Jesús del Barco cierra mostrando “el más firme rechazo” a un proyecto de ley que, según la APM, busca “anular el Poder Judicial” para beneficiar a una parte de la clase política.
Este es el texto completo de la declaración de APM:
“El Colegio Profesional de la Magistratura nace con el firme compromiso de velar por la independencia y el prestigio del Poder Judicial, defender los principios reconocidos en nuestra Constitución y, en definitiva, preservar el Estado de Derecho, con pleno respeto a la separación de poderes. y el estado de derecho.
Llevamos mucho tiempo alertando sobre el grave deterioro de las instituciones y del propio Estado de derecho. Asistimos a una constante labor de descrédito de la función jurisdiccional y a ataques permanentes a la independencia judicial que desconocen por completo el respeto a la separación de poderes. Escuchamos demasiadas voces de nuestros representantes políticos que cuestionan la sumisión de todos, poderes públicos y ciudadanos, a la Constitución y a la ley.
Ahora pretendemos dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y hacer estallar el Estado de derecho.
En los próximos días se presentará una iniciativa legislativa para conceder amnistía a quienes participaron en los graves hechos ocurridos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia. pacífico para todos, para los catalanes y el resto de españoles.
No vamos a comentar que esta norma jurídica está siendo acordada por el partido de gobierno con los máximos responsables de estos crímenes; No nos corresponde valorar la ética y los principios de los actores políticos, o incluso la ausencia de ellos.
Una norma jurídica, cualquiera que sea el nombre que se le dé, que exonera a unos cuantos de responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por procesar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece pretendido- en un nuevo proceso constituyente. es inaceptable e inasequible en una democracia plena.
Una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución española de 1978, que se basa, entre otros valores, en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho.
Una ley de amnistía pone en duda la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias elaboradas democráticamente por el poder legislativo.
Deslegitima al Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, enviando el mensaje falaz de que el legislador criminaliza y los tribunales condenan en España por delitos políticos.
Rompe un principio esencial en la democracia, como es la separación de poderes.
Y vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente por la supuesta motivación política de sus actos, con el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes reclamaron en otros momentos. . personajes históricos con la fuerza del terror lograron la independencia de parte del territorio, o malversaron fondos públicos invocando la misma intención.
En definitiva, el derecho que, por definición y principio, es general, se convierte así en un privilegio, atacando los fundamentos mismos del Estado Social y Democrático de Derecho.
Desde el Colegio Profesional de la Magistratura expresamos nuestro más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un objetivo claro, -más allá de la oportunidad de contar con los votos necesarios para una investidura-, de anular el Poder Judicial, último dique de contención. “contra los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.