El Tribunal de Cuentas ha citado a comparecer a la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y a los anteriores concejales de su equipo investigados dentro del caso ITV, lo que supone el inicio de los trámites para llevar a cabo un juicio contable civil.
En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el organismo supervisor acuerda abrir una causa separada por este asunto e insta a las partes a comparecer personalmente en el plazo común de nueve días siguientes a esta notificación.
El procedimiento civil se lleva a cabo como consecuencia de las supuestas responsabilidades contables puestas de manifiesto por la Intervención del Ayuntamiento de Móstoles en relación con la reducción y falta de cobro de la tasa adeudada por la empresa concesionaria ITV Móstoles SL al Ayuntamiento.
La resolución se emite después de que el tribunal solicitara a Posse y a otros siete concejales de su anterior equipo de gobierno que depositar 667.000 euros de forma conjunta por el caso ITV para evitar el embargo de bienes.
Posse y su equipo están siendo investigados por “presuntas irregularidades contables” en el marco de este procedimiento por “la práctica de la liquidación provisional” hasta que haya juicio.
En el informe, la delegada instructora concluyó que existía un patrimonio neto de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses que atribuyó al impago de tasas de la concesionaria de ITV Móstoles en los años 2015 y 2018.
De ello responsabiliza a los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron el acuerdo del 20 de octubre de 2020 denunciado por el interventor municipal.
El PSOE sostiene que no es cierto que “este daño contable se hubiera causado al Ayuntamiento porque el acuerdo de octubre de 2020 estaba suspendido y no mostraba sus efectos jurídicos como se acredita en los informes del Ayuntamiento”.
Enjuiciamiento
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez que investigó el llamado caso ITV proceder a procesar a Noelia Posse, y a siete concejales de la anterior Junta de Gobierno, al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por indulto. afuera. una deuda con la sociedad concesionaria de más de 2 millones de euros.
En el alegato, aludió al “daño causado a las arcas públicas del Ayuntamiento de Móstoles, resulta evidente, al menos, a partir de la simple comparación entre las condiciones iniciales del contrato público de concesión de fecha 6 de junio de 2011 con el demandado empresa IRV Móstoles SL2».