Este tipo de viviendas representa más del 4% del parque inmobiliario de toda Canarias, es decir la segunda tasa más alta de todo el país en materia de alquileres vacacionales. El Gobierno de Canarias quiere regular este negocio para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad, una Ley con la que la mayoría de los propietarios no estarían de acuerdo de viviendas vacacionales, que además denuncian que sufren una elevada carga fiscal y que tienen que realizar numerosos trámites burocráticos, hasta en cinco administraciones diferentes.
La experiencia de propietarios y vecinos.
Javier, uno de los miles de propietarios de casas de alquiler vacacional en Tenerife nos explica que para poder comercializar su vivienda ha tenido que hacer papeleo con el Gobierno de Canarias para los permisos, con Hacienda en Canarias, Hacienda a nivel estatal y también los trámites con la policía y el ayuntamiento.
Desde el Gobierno de Canarias explican que actualmente existen sterreno turístico en las islas que se está utilizando para uso residencial, algo para lo que no fue diseñado y necesita ser regulado. Quieren limitar el negocio del alquiler vacacional, en calidad y cantidad, para facilitar la vivienda a los residentes.
En la calle, los vecinos se quejan de los altísimos precios del alquiler: “Apartamentos de una habitación, 600 euros”, “cuanto más turismo, más caro lo hacen para la gente de aquí”.
En Canarias se encuentran las dos ciudades con mayor ratio de vivienda vacacional por habitante de toda España, los municipios de la aceituna en Fuerteventura, y Adejeen Tenerife.
Un problema que se extiende a otras ciudades de nuestro país, y también a grandes ciudades como Nueva Yorkque ya han puesto freno a este tipo de turismo, obligando a los propietarios a estar presentes durante la estancia.
El Gobierno de Canarias avanza en su Ley de Planificación Sostenible del uso turístico de las viviendas que regulará el alquiler vacacional en el Archipiélago. El Ejecutivo espera tener aprobada la nueva norma a más tardar el 30 de junio de 2024 para establecer límites cualitativos y cuantitativos. El objetivo es inspeccionar el sector turístico y controlar la competencia desleal para que también haya calidad en la casa de vacaciones.