El miembro progresista del CGPJ Álvaro Cuesta, más afín al PSOE, ha pedido la suspensión del pleno al considerar que es “manifiestamente ilegal“. Así se ha comunicado a través de un escrito enviado a la Presidencia de este organismo.
Cuesta asegura que no quiere contribuir “a la indignidad y el descrédito de que miembros elegidos por las Cortes españolas en 2013 puedan ser considerados rebeldes a iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio de 2023”.
Este pleno ha sido duramente criticado por los progresistas, que ven su propuesta como una “incitación al levantamiento de la toga”.
Él presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, aceptó la propuesta de estos ocho diputados que, sin conocer el texto del proyecto de ley, consideran la amnistía una “medida para abolir el Estado de derecho” que “viola la Constitución” y que convierte a la Justicia en “una quimera”. Cuesta subraya que no quiere participar en “decisiones que sin duda manchan el nombre de este Consejo General del Poder Judicial” y recuerda que sigue en el cargo diez años después de haber expirado su mandato.
Sin viabilidad en el marco constitucional
En esta línea, califica de “proclamación” la propuesta de declaración institucional sobre la amnistía de los ocho diputados conservadores que esperan sea respaldada por el pleno, que destaca que La amnistía no es viable dentro del marco constitucional ni con el Estado de derecho.
A su juicio, “en forma de panfleto político”, esta declaración “consiste en descalificaciones gravísimas como que la declaración del presidente del Gobierno supone una ‘degradación, cuando no abolición’ del Estado de Derecho en España”. Además, señala que se descalifica y ataca una posible propuesta de ley de amnistía, aún no presentada ni registrada en el Congreso, y los posibles acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente del Gobierno.
“Es una irresponsabilidad gravísima y podría contribuir, fomentar, promover o incitar tensiones políticas, sociales o institucionales”
Cuesta destaca que la resolución que se pretende aprobar es “una irresponsabilidad gravísima y podría contribuir, fomentar, promover o incitar a la tensión política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos”. Asimismo, cree que usurpa facultades de control que no corresponden al CGPJ y que condiciona la independencia y actividad de jueces y tribunales.
Antes de terminar, el escrito del diputado recuerda que el Congreso no tiene competencia emitir declaraciones sobre proposiciones de ley“salvo que el Congreso lo haya solicitado” e insiste en que la convocatoria del pleno es “inadmisible e ilegal”.