A través de un escrito, Guilarte ha respondido que la convocatoria se ha realizado de conformidad con el artículo 35párrafo segundo, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22 de abril de 1986.
De conformidad, se presenta el documento firmado por Guilarte, con los antecedentes registrados en casos similares en los que la Presidencia del CGPJ siempre ha respondido a las solicitudes de convocatoria extraordinaria del Pleno que le han remitido distintos miembros.
El pleno es “manifiestamente legal”
Por todo ello, el presidente interino del organismo ha rechazado acceder a la petición del vocal Álvaro Cuesta que ha considerado esta llamada “manifiestamente ilegal” y que, además, ha anunciado que no asistirá en caso de que el pleno continúe, lo que considera “contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales” del CGPJ, según ha presentado en un escrito este domingo.
Así son las cosas, El CGPJ se reunirá este lunes a las 19.00 horas en un pleno extraordinario parapara debatir la propuesta de ocho miembros del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del ‘procés’.
El 1 de noviembre, esos miembros -de los 16 que ahora forman el CGPJ- pidieron estudiar, votar y emitir un declaración institucional en el que se expresa la “intensa preocupación y desolación” del organismo por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
En su texto, al que tuvo acceso Europa Press, los diputados conservadores aseguraron que La ley de amnistía tendrá efectos “degradantes” para el país, “si no la abolición del Estado de Derecho en España”. También insistieron en que cuando se aplique la amnistía a los procesados por el ‘procés’ Estado de Derecho en España “Se convertirá en una mera proclamación formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias perjudiciales para el interés real de España”.