El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el recurso del Gobierno contra la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral gallegomientras ha suspendido parcialmente su aplicaciónsegún informó este lunes el tribunal de garantías.
El Ley de Costas de Galicia Había sido aprobado en el parlamento gallego el pasado mes de julio, con los votos a favor del PP y la abstención del BNG y PSdeG. Se trata de una ley que contempla la asunción por parte de la Xunta de Galicia de las competencias en gestión de la espacio marítimo-terrestre.
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“Invade poderes estatales”
El Gobierno gallego defiende que estas competencias se definan en el Estatuto de Autonomía pero Moncloa cree que la ley “invade competencias del Estado” en distintas zonas, hasta el punto de incorporar “unilateralmente” el mar al territorio de la comunidad autónoma.
Él Ejecutivo de Pedro Sánchez También sostiene que la ley “reduce la protección de los terrenos adyacentes a la orilla del mar”, alegando que “las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca ir menos”.
Moncloa alega también que las disposiciones impugnadas podrían violar los poderes del Estadoo sobre el procedimiento administrativo común, la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, pesca marítima, marina mercante y competencia en materia de medio ambiente.
Suspensión de su vigencia y aplicación.
Él Corte Constitucional estudiaremos ahora el fondo de la cuestión y, mientras tanto, ha suspendido la vigencia y aplicación de las disposiciones impugnadas, desde la fecha de interposición del recurso (11 de octubre de 2023) para las partes y desde el día en que se publique la suspensión en el BOE para terceros.
Así lo ha acordado el Pleno porque el Gobierno invocó en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que las impugnaciones del Ejecutivo central contra disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas pueden suspenderse, si así lo solicitan.
Vale la pena recordar que La semana pasada, el TC ya aceptó la impugnación del Ejecutivo contra otra ley gallega de tramitación (7/2022) que otorga a la Xunta competencias en la gestión de las costas, acordando al mismo tiempo suspender los artículos impugnados.