El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acusado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a quien la Guardia Civil encargó de tareas de coordinación política en la plataforma Tsunami Democràtic, según informó a torrevieja news today en fuentes legales.
Según informa este diario, el pasado viernes la Guardia Civil presentó su informe sobre las conclusiones de una investigación que se inició en 2019 y que también ha recurrido a pruebas recabadas en el juzgado de Barcelona que investiga la operación Voloh, sobre presuntos vínculos. entre el movimiento independentista catalán y el Kremlin. En concreto, los vertederos de los teléfonos móviles interceptados.
Los nueve señalados por los informes de la Guardia Civil se suman a la secretaria general de ERC, Marta Rovira y el diputado del partido en el Parlament, Rubén Wagensberg; el empresario Oriol Soler, Xavier Vendrell (ex activista de Terra Lliure y exsecretario de Organización de ERC), Marta Molina, Josep Capmajó, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani y Oleguer Serra.
Una estructura organizada
Lo que describe, lejos de ser una serie de manifestaciones civiles espontáneas contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del proceso, es una estructura creada y trabajada durante más de un año, donde un grupo de personas conforman “una organización”. con distribución de roles y tareas y el objetivo último de perjudicar al Estado.
Los investigadores definen Tsunami como “una iniciativa nacida de un grupo de personas que, necesariamente, cuentan con vastos recursos materiales, humanos y económicos, habiéndose encontrado evidencias que indican connivencia por parte de los principales sectores y determinadas entidades civiles independentistas”. Promovió “la ejecución de las mayores acciones de movilización social vividas en Cataluña que, en la mayoría de ocasiones, terminaron en disturbios y altercados”.
Estas acciones, dice el informe, “fueron premeditadas y con clara intencionalidad; provocar grandes daños económicos a las principales estructuras del sistema económico y, por tanto, desestabilizar la economía española -bloqueo de los aeropuertos de Barcelona y Madrid-, aislar a España del resto de Europa -corte de la autopista AP-7 en la frontera con Francia y marcha lenta en lo que denominaron Operación Caracol, que consistió en frenar el tráfico en la frontera entre España y Francia en Behobia (Guipúzcoa) -o internacionalizar el conflicto proyectando una imagen antidemocrática de España en el exterior-, actúa durante la celebración de la clásico del 18 de diciembre de 2019-».