El independentismo ha adoptado el término anglosajón para sostener que las causas penales para las que pide amnistía son consecuencia de la guerra judicial por motivos políticos.
El esfuerzo por incluir en la amnistía causas que aparentemente no tienen relación directa con la proceso ha llevado al independentismo a intensificar el uso del concepto guerra legal, que podría traducirse como guerra judicial. Éste sostiene que las investigaciones judiciales que quieren archivarse aunque no ofrecen un vínculo claro con el 1-O son, en realidad, una reacción del Estado a través de los jueces para socavar el independentismo. Y que para normalizar el conflicto que la amnistía pretende normalizar es necesario que también se cierren.
La tesis implica que hay una motivación política detrás de investigaciones como la que ha afectado al líder de JuntsLaura Borrás, condenado a cuatro años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por haber entregado contratos públicos a un amigo íntimo. O el que pesa Gonzalo Boyeabogado de Carlos Puigdemonta quien Antidrogas pide en la Audiencia Nacional casi 10 años de prisión por intentar blanquear casi un millón de euros al capo del narcotráfico Sito Mianco. Él mismo ha defendido la tesis que le puede liberar del banquillo: guerra legal Debe entrar en la ley de amnistía, no por los nombres sino por lo que implica políticamente para España.
El pedido de amnistía al clan también entraría en esta lista Pujol por fraude fiscal y blanqueo de capitales, o Caso Volkhov, donde se investigan las supuestas conexiones del independentismo con el Kremlin. Y la reciente condena de la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión al ex ministro del Interior michael buch por malversación de fondos, al haber nombrado asesor de un miembro de la escuadra de los Mosso que actuó de escolta de Carles Puigdemont cuando huyó de España.
El término guerra legalacuñado en los años 50 del siglo pasado en Estados Unidos, proviene de las palabras ley (ley y guerra (guerra). En Estados Unidos lo usa constantemente. Donald Trump para atacar el creciente número de investigaciones que lo rodean. En España ha sido utilizado principalmente por Podemos y su entorno, que han utilizado el término para resumir lo que consideran una persecución a las cloacas del Estado para impedir su crecimiento.
Habrían sido guerra legal -Para evitar el anglicismo, se recomienda persecución judicial o instrumentalización de la Justicia -causas como el robo de la tarjeta del celular-. Dina Bousselhamcolaborador de Pablo Iglesias; la investigación sobre el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por sus pagos de la consultora chavista Neurona y los pedidos del propio Podemos a esa sociedad mexicana. El goteo de archivos de estas y otras causas refuerza, a juicio de la formación, la tesis de que había una intención política oculta.
El domingo pasado, el ex presidente Carles Puigdemont publicó un mensaje en la red social guerra legal. En febrero de 2020, moderé un evento en el Parlamento Europeo sobre guerra legal, la judicialización de la política. Quien esté interesado en saber de qué se trata, allí quedaron expuestos los escandalosos casos que afectaron a dirigentes políticos sudamericanos, entre otros. El uso estratégico de las leyes para dañar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino lograr, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial.
Del otro partido independentista implicado en la negociación de la amnistía, ERC, su secretario general Marta RoviraAfirmó que los casos que su formación ha insistido que caben en la amnistía son casos de mal uso de la Justicia para intereses políticos. Todos son casos de guerra legal, dijo ayer desde Suiza, donde huye del procesamiento que el Tribunal Supremo dictó contra ella. Acaba de ser acusada en el caso Tsunami, que también califica de lawfare.