La primera vez intentó secuestrar a un niño de tres años que se encontraba delante de un bar de Santa Cruz de Tenerife: lo agarró con fuerza y se escapó, pero un camarero la vio y dio el aviso. Un tío del menor corrió a alcanzarlos y lo liberó mientras la mujer sujetaba fuerte al niño y escupía e insultaba al hombre. La segunda vez agarró a un niño que iba con su madre y otro hermano por la estación de autobuses. “Quédate con mi cara”, le dijo a su madre. Ahora, la mujer ha aceptado una pena de cuatro años de prisión tras admitir ante los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife que intentó secuestrar a dos niños en la capital tinerfeña.
Por estos cargos, inicialmente se enfrentaba a una posible pena de seis años de prisión. Se restarán de la pena los cinco meses que la mujer haya pasado en prisión preventiva.
El fiscal afirmó durante la sesión que la pena se ajustaba a la gravedad de los hechos y al peligro e inseguridad que provocaba la condenada cuando cometió los delitos, aunque quiso transmitir tranquilidad a los ciudadanos recordando que la policía “actuó inmediatamente y que también se ordenó su ingreso en prisión provisional”.
Una vez que quede en libertad, no podrá acercarse a ninguno de los menores ni comunicarse con ellos durante cinco años.
En la solicitud de reducción de pena se tuvo en cuenta, según el fiscal, que no se causaron daños y que los secuestros no superaron el nivel de tentativa. La condenada indicó que estaba insolvente y no podía pagar la indemnización de 2.000 euros.
Evaluación psicológica
En el caso del chico del bar, policías locales de Santa Cruz se personaron en el lugar y observaron cómo la mujer intentaba huir del lugar y lograron interceptarla y detenerla. Luego de su incidente en el intercambiador, posteriormente también fue detenida y puesta a disposición de la justicia y se decidió enviarla a la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario para su evaluación psicológica.
El resultado es que la mujer aparecía consciente, orientada y tranquila, sin dar signos de intoxicación por sustancia alguna y no presentaba déficit de amnesia.
No se detectaron ideas delirantes, ideas de muerte o suicidio y, de hecho, el examen concluyó que conserva su juicio de la realidad pero sufre un trastorno límite de la personalidad de inestabilidad emocional. Esta enfermedad, según los médicos, no le impide conocer la maldad de sus actos y a pesar de ello actuar como supuestamente lo hizo.
Ese mismo día fue dada de alta y una semana después se repitió el tercer intento, aunque no se presentaron cargos por este caso. “La consecuencia es que los menores sufrieron un gran susto con lo sucedido y cíclicamente reviven el miedo a que se repita esta situación traumática”, señaló en el juicio por el caso de la estación de autobuses.
En cualquier caso, ante la “peligrosidad delictiva y la gravedad de los hechos”, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional como medida cautelar urgente, situación en la que se encuentra ahora mismo.
La mujer es de nacionalidad colombiana, permanece en situación irregular en el país y de hecho es objeto de una orden de expulsión.
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