El expresidente de la Generalitat, citado el día 17 a responder por hasta 5,3 millones por el referéndum y el Diplocat
El organismo de control del Estado juzga la malversación de fondos de hasta 5,3 millones de euros por la convocatoria ilegal del referéndum del 1-O en 2017 y la promoción del proceso en el extranjero con dinero público y quiere interrogar a Puigdemont como uno de los máximos responsables.
El Tribunal de Cuentas ya anunció el pasado mes de junio, antes de las elecciones generales, que fijaría el 17 de noviembre para que este juicio decidiera si la causa se presenta para sentencia, pero aún quedaba por determinar si Puigdemont Se citaría personalmente o sería suficiente una intervención telemática.. Finalmente será presencial, tal y como ha comunicado la organización a las partes, que añade presión a Puigdemont para intentar conseguir la negociación de la amnistía que mantiene con el PSOE borra también claramente su responsabilidad contable y la de su equipo en la Generalitat.
Si, como es muy probable, Puigdemont no acude a la citación del Tribunal de Cuentas, no es de esperar que le impongan una multa al ser parte de la causa y no testigo, pero sí es contraproducente para su defensa y su voluntad. trabajar en su contra en el desarrollo del caso. caso en el que habrá que decidir sanciones a los responsables de malversación de fondos. El expresidente catalán reclamó inicialmente la inmunidad del eurodiputado para evitar ser procesado, pero su petición fue rechazada. La amnistía es ahora su gran vía de escape.
El juicio está dirigido por el consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, elena hernandez, que ha anunciado a las partes que no llegará a conclusiones orales el día 17 tras escuchar a los interrogados, sino que las formulará posteriormente por escrito. Esto gana tiempo para evaluar los efectos de la ley de amnistía intentada por el PSOE.
Además de Puigdemont, ha sido citado, en su caso como testigo, el que fue interventor general del Ministerio de Hacienda durante el referéndum ilegal. María Luisa Lamela.
Como ya publicó este diario, los técnicos del Tribunal de Cuentas ven con preocupación las negociaciones de amnistía porque podrían suponer una pérdida de dinero público en su ámbito de responsabilidad. Si la redacción se mantiene como la que intentaron los independentistas en la anterior legislatura que recoge la amnistía por delitos cometidos hace diez años, no sólo se perderían los hasta 5,3 millones reclamados ahora, Pero los cinco recuperados tendrían que ser devueltos. por la consulta ilegal de 2014 lanzada por el anterior presidente, Artur Mas. Esta cifra la aportó, sobre todo, el llamado fondo de resistencia del independentismo.