La Fiscalía anunció ayer que recurrirá la acusación de Puigdemont y Rovira al no reconocer ahora delitos de terrorismo.
El Fiscal El 19 de julio, la Audiencia Nacional calificó el procedimiento en el que se investiga a la plataforma como causa de terrorismo. Tsunami democráticoun sumario en el que desde este lunes están acusados de tal delito el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la líder de ERC Marta Rovira, entre otros.
Así se afirma en un informe, conocido por EL MUNDOen el que el fiscal Joaquín González Herrero respondió a la petición de la defensa Oriol Soler donde solicitó que el caso sea remitido a la juzgados de barcelona. En su informe, enviado a Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia, el representante de la Fiscalía sostuvo que “a juicio del Ministerio, los hechos materia del presente caso son susceptibles de ser tipificados como delitos de terrorismo de los artículos 571 y siguientes de la Código Penaltal como lo viene sosteniendo la Fiscalía desde el inicio del proceso a través de dictámenes que aquí se ratifican”. El citado documento también resaltó la “gravedad” de los hechos atribuidos al Tsunami Democrático “debido al fenómeno sedicioso” que tuvo lugar en Cataluña y defendió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar posibles hechos delictivos, al haber sido cometidos por “bandas armadas y grupos terroristas”.
“La gravedad de los hechos nos permite sustentar razonablemente el juicio provisional según el cual se han cometido delitos de terrorismo”, enfatizó el representante del Ministerio Público, en referencia a la causa del Tsunami.
Fuentes jurídicas explican que desde el departamento que dirige el fiscal jefe Jesús Alonso Luego se apresuraron a calificar el citado informe como un “error”. Había nerviosismo. Y, mucho, por lo que había quedado escrito. El Ministerio Público solicitó entonces verbalmente al Juzgado que dirige García Castellón Dejó sin efecto el informe con la calificación de terrorismo y anunció que enviaría otro informe de rectificación. Sin embargo, el informe del fiscal defendiendo que se trataba de un delito de terrorismo fue notificado por el juzgado a las partes intervinientes en el procedimiento.
Días después llegó la rectificación del Ministerio Público. El informe rectificativo de la Fiscalía está fechado el 26 de julio y fue firmado por el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional. En él, Jesús Alonso explicaba que “realmente el Ministerio Fiscal no está en condiciones, visto el estado del procedimiento, de adelantar de forma exhaustiva y concluyente su criterio sobre si procede o no la referida inhibición, sin perjuicio de al dictamen emitido el 19 de julio, que se debe a un traslado erróneo realizado por este Ministerio, que es obligado manifestar a la vista del desarrollo posterior del procedimiento, sin que por ello pueda calificarse de contradictoria la actuación del fiscal, y sin “la Se entiende como definitiva la calificación mantenida en el citado informe, que por tanto queda calificada en el sentido expresado.”
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional justificó a continuación el dictamen de la Fiscalía señalando que “efectivamente, el citado dictamen se emitió, como se ha dicho, de forma errónea porque estaba centrado en si se sustentaba o no la prórroga del procedimiento”. que se había llevado a cabo.” y mantenido en forma correcta y adecuada porque, en este momento, este órgano judicial es competente para su mantenimiento o retiro, por lo que no corresponde informar sobre la inhibición en ese proceso y sólo sobre la prórroga.”
La Fiscalía dijo entonces que “para pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, la inhibición del procedimiento en los juzgados de Barcelona, es necesario que se incorpore al expediente el informe ejecutivo conjunto final ya solicitado (así como otros procedimientos que se encuentran pendientes), en caso de recibirse), por lo que es de interés de este Juzgado Central que una vez en el expediente el conjunto de procedimientos solicitados, se devuelva al informe de este Ministerio Público para que se dicte sentencia definitiva sobre competencia. y, en su caso, inhibición de las actuaciones ante los juzgados correspondientes de Barcelona”.
Tras recibir el informe de la Guardia Civil que señala a Puigdemont y Rovira, el magistrado Manuel García Castellón volvió a la Fiscalía. Ayer, la Fiscalía que dirige Alonso volvió a apresurarse pero esta vez a anunciar que presentaría recurso directo ante la Corte Criminal para evitar que Puigdemont, Rovira y otros ex altos cargos del Gobierno sean investigados por delitos de terrorismo, lo que supondría la pérdida de competencia de la Corte en favor de los juzgados de Barcelona.