El punto de vista del fiscal encargado del caso contra Tsunami Democràtic, que no ve en los hechos delitos de terrorismo y apuesta por enviar el asunto a los juzgados de Cataluña como desorden público, no es compartido por toda la Fiscalía de la Audiencia Nacional Oficina. . El verano pasado, un colega que lo reemplazó durante las vacaciones emitió un informe ccalificar las acciones como delitos terroristasaunque su posición fue modificada posteriormente.
Según fuentes jurídicas y fiscales, el fiscal de turno Joaquín González vio “razonable” la calificación provisional de que actuaciones como el asedio al aeropuerto del Prat o los cortes de carreteras en La Junquera que bloquearon el paso a Francia eran “graves” y podían así ser considerados terroristas.
Cabe recordar que la Guardia Civil ya venía señalando en sucesivos informes que el objetivo de aquellas actuaciones era subvertir la legalidad y provocar graves daños al Estado, aislándolo de la Unión Europea, dañando infraestructuras críticas y afectando a sus intereses económicos. Todo, para lograr la independencia de Cataluña y la amnistía de los líderes del procés recientemente condenados.
Sin embargo, el fiscal a cargo del caso, Miguel Ángel Carballo, quien se encontraba de vacaciones, no compartió ese criterio, ni coincidió en que era el momento de tipificar los delitos materia del caso. En ese momento, la investigación esperaba un informe definitivo de conclusiones de la Guardia Civil, la misma que finalmente fue aportada al juzgado la semana pasada.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, intervino entonces para enmendar lo que las fuentes consultadas en las Audiencias Centrales calificaron como “un error”. Presentó otro escrito aclarando que No era el momento procesal de concretar los delitos y afirmando que la Fiscalía esperaría a tener ese informe de la Guardia Civil sobre la mesa para pronunciarse formalmente.
La apelación y discrecionalidad del fiscal.
El informe llegó el pasado viernes y el juez Manuel García Castellón informó al fiscal de su contenido. Aún no se había pronunciado cuando emitió el auto que imputa, entre otros, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por delitos de terrorismo en la organización de disturbios por el tsunami. Pocas horas después, el Ministerio Público anunció un recurso directo: no ve que se produzca este tipo de delitos.
Desde que en 2019 se abrió la investigación sobre la organización de las multitudinarias protestas, la Fiscalía ha sostenido que la competencia recaía en la Audiencia Nacional porque podría tratarse de delitos contra el Estado en los términos que marca la ley. En concreto, vio signos de sedición, sobre todo por el asedio a las infraestructuras aeroportuarias.
Es, además, la postura que había mantenido la Audiencia Provincial de Barcelona cuando tuvo que pronunciarse sobre el envío a los Juzgados Centrales de Instrucción de parte de las pruebas sobre el Tsunami Democrático que un juez de Barcelona había encontrado en otra investigación, tal y como afirmó en las resoluciones a las que torrevieja news today tuvo acceso.
Sin embargo, eliminado el acto ilícito de sedición del Código Penal, para la Fiscalía los hechos caben en la consideración de desorden público. Esto implicaría que el caso tendría que llegar a los tribunales catalanes porque la Audiencia Nacional no tendría competencia para investigarlo. A lo largo de los últimos meses se han producido varias reuniones entre la Fiscalía, el instructor y el equipo investigador sobre este asunto en las que se han puesto sobre la mesa discrepancias.
Todos se pueden ver en el auto que García Castellón dictó el lunes acusando a Puigdemont y a otros de terrorismo, en el que dedica varias líneas a justificar que es su juzgado el que tiene que llevar el caso tanto por el tipo de delito que ve -por considerar que se trata de una organización estable, con distribución de tareas, de dos o más personas, con vocación de permanencia y dedicada a subvertir el orden constitucional-, así como porque afecta a varias provincias y afecta a países extranjeros.
Será la Sala Penal, sin embargo, la que tendrá la última palabra.