Él Gobierno que siempre ha alzado la bandera contra el desalojos está a punto de consumar una colectiva y una de las más grandes de la historia de España en Denia, donde hay más de 3.000 afectados que van a perder de facto su casas y construcciones afectadas por el llamado demarcaciones en el costa. Es el nombre técnico, pero en la práctica son expropiaciones que convierten estas propiedades privadas en suelo público o las dejan en concesión sin que sus dueños puedan tocar nada.
Este municipio alicantino es uno de los más afectados, aunque hay otros en la misma Costa Blanca alicantina, con diez kilómetros de costa que este martes comenzaron a ser delimitados por técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, con unas 1.700 viviendas afectadas, según calcula los andenes vecinales y un recurso llevado a la corte Supremo.
Estas marcas en el terreno convierten ya a muchas casas cuyos propietarios ya no podrán reformar o reparar en una franja de reserva para el mar, cuando periódicamente sufren daño Para el temporario que provocan la regresión de la tierra y el avance del mar. De hecho, algunas de las plataformas afectadas ya han protestado porque las imágenes en las que se basan las mediciones fueron capturadas en 2020 y el paisaje ya ha cambiado debido a la climatología.
«El objetivo de estas asociaciones, así como de las más de 50 asociaciones equivalentes que existen a lo largo de todo el litoral español, es la defensa de nuestras playas y de los derechos de sus ciudadanos frente al acoso injustificado y perverso que estamos sufriendo por parte del Estado. a través de la Dirección General de Costas”, han indicado desde dos de estas plataformas, Playas del Norte de Dénia (APND) y Playa Deveses-Basotcon más de 800 asociados.
Advierten de que “todos los vecinos de Dénia estamos muy preocupados ya que el deslinde supone, en muchos casos, la pérdida de propiedad de nuestras viviendas, legalmente constituidas y construidas en más de 100 años».
Concesiones administrativas, condena a derribo
Por ello, denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez “a través de la Dirección General de Costas actúa más como un grupo organizado de conchaspermutar la propiedad de las viviendas legítimas por concesiones, es decir, despojar de sus bienes a sus legítimos dueños. Al pasar a ser suelo público y no poder realizarse, con el tiempo acabarán todos derribados y sólo podrán venderse “a un precio irrisorio”, ya que el potencial comprador sabe de antemano que la vivienda tiene fecha de caducidad. En definitiva, un desalojo legal que también califican de «robo” y “saquear» que se va sin «seguridad jurídica» a estas familias.
Cartel para una asamblea de propietarios afectados por los deslindes.
Muchos de los edificios tienen ya un siglo de antigüedad, algunos eran casas antiguas. pescadores eso heredado el descendientes de los propietarios originales. «Y encima con el despecho vergonzoso de intentar culpar a los vecinos de un problema que ellos no han generado”, añaden.
En el caso de la playa de Deveses, la regeneración de la playa, pero antes de ver finalizada esta reforma, que generará más de 20 metros de costa, los vecinos son “despojados” de sus bienes, y estas propiedades se clasifican de urbanas a rústicas, “fuera de planificación”. y, en consecuencia, sujeto a decomiso y demolición.
El director general de Costas de la generalitat valencianaVicente Martínez Mus, se ha comprometido in situ, presente este martes en Dénia, a que esta Administración alegará contra el procedimiento para reconducir la situación, que consideran injusto para los afectados.