El expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido suspender el juicio previsto para el próximo 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y los gastos exteriores del procés. Sostiene que hasta que no haya una decisión penal firme sobre su responsabilidad por los gastos del proceso independentista, la audiencia debería retrasarse.
El organismo supervisor tiene en la mira a Puigdemont y otros 34 ex altos cargos independentistas, entre ellos el ex vicepresidente catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras y el ex presidente de la Generalitat Artur Mas.
En el escrito de defensa de Puigdemont, realizado por Gonzalo Boye, se afirma que “el hecho de que la competencia contable sea compatible, respecto de los mismos hechos, con la actuación de la competencia penal -para el caso del Tribunal Supremo-, en el que se procesa a Puigdemont por malversación y desobediencia -como recoge el artículo 18.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas-, no significa que esta acción pueda llevarse a cabo simultáneamente.
El abogado ve vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia por la existencia de dos procesos con la misma finalidad.
“Gasto inadecuado”
En su petición, el representante del expresidente catalán afirma también que mantener el procedimiento de reintegro por su alcance sin que se den todas las garantías para sus clientes (también extiende la petición a los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí) supondría un “gasto de apropiación indebida de recursos públicos. «Resulta incluso preocupante desde la perspectiva del contribuyente que quiera continuar con un juicio de responsabilidad contable sabiendo que está pendiente en el procedimiento penal del que se le pueden deducir o no las correspondientes responsabilidades contables; despilfarro de recursos públicos para celebrar un juicio condenado a no poder dictar sentencia y luego, dependiendo del resultado del procedimiento penal, habría que revisar todo lo ocurrido en esta sede con las consiguientes responsabilidades que ello conlleva para su fallecido.” .
El proceso con el que la Sección de Enjuiciamiento del organismo supervisor busca la devolución del dinero público que fue malversado con los fines antes mencionados, llega a juicio precisamente cuando Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts exigen al Gobierno que apruebe una ley de amnistía para los políticos condenados de impulsar el procés, el fugado presidente de Justicia Carles Puigdemont y el resto de funcionarios públicos que siguen investigados en los juzgados catalanes por hechos relacionados.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra en cerca de 3,2 millones de euros el pasivo contable del 1-O y la acción exterior del ‘procés’, mientras que Sociedad Civil Catalana (SCC), que lideró la demanda contra 11 personas, entre ellas Los ex consellers Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva y Francesc Homs, asesor de la Presidencia del Gobierno de Artur Mas, lo eleva a 5,1 millones de euros.