El abogado Gonzalo Boye considera “inimaginable” que el contenido de la investigación sobre Tsunami Democràtic que su cliente, el asesor de Carles Puigdemont en Waterloo, Josep Lluis Alay, está leyendo estos días en la prensa sea cierto. Y así se lo ha hecho saber al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón con un escrito en el que solicita acceso inmediato al contenido de la investigación, ya que en cuatro años de investigación no se le ha notificado nada.
El documento, al que tuvo acceso torrevieja news today, califica de “inimaginable” que el tribunal “haya estado investigando como delito de terrorismo manifestaciones o protestas ciudadanas por muy multitudinarias que hayan sido” y que “no constituyen cualquier delito.” así como que ha colocado como acto conexo “la muerte de una persona por causas ajenas, incluso a dicha manifestación o protesta”.
“Es inimaginable pensar que este Tribunal pueda estar investigando la actividad académica o profesional, incluso política, de mi cliente como conducta terrorista”, dice sobre Alay. Apunta a una “banalización” del tipo penal y apunta a una “criminalización de conductas que no son más que el ejercicio y disfrute legítimo de los derechos y libertades” de reunión y manifestación.
También se refiere a Puigdemont, de forma indirecta, aunque no es en su nombre como se presenta el documento: «Es más inimaginable pensar que este Tribunal lleva años investigando a un eurodiputado sin haber procedido, ab initio, a la petición de la preceptiva solicitud, máxime después de que el Reino de España haya informado al Parlamento Europeo de que esta Audiencia Nacional no estaba investigando a dicho eurodiputado ni a su entorno.
«Este partido está convencido de que, a partir del estudio de las actuaciones, se podrá esclarecer muchos malentendidos, sospechas y dudas sobre este procedimiento, debido a la información sesgada publicada por varios medios de comunicación”, dice el escrito, que pone así en duda la veracidad de la información que en los últimos días se ha hecho eco del auto del juez que lleva el caso contra Puigdemont, Alay et al.
Derecho de defensa
En el camino, cargan contra el hecho de que, mientras fueron investigados, no se les ha considerado implicados en el procedimiento ni se les ha dado la posibilidad de defenderse durante todo el tiempo que ha estado abierta la investigación, gran parte de ella bajo secreto de sumario. .
Solicita así “acceder a la integridad del procedimiento a fin de corroborar que, como no podía ser de otra manera, la información revelada no es cierta” y poder trabajar “en adelante en el correspondiente sobreseimiento y archivo de estas actuaciones”. que, sostiene, “no tienen relevancia penal”.
«No sólo podremos defender a mi cliente sino también ser los primeros en negar a quienes atribuyen a este procedimiento un contenido que, de ser cierto, sería incompatible con el orden de cualquier Estado democrático y de derecho, también con respecto al derecho. de la Unión”, advierte el abogado de Puigdemont en representación de Alay, en este caso.