Canarias denuncia el «colapso absoluto» de sus recursos para atender a 4.500 menores migrantes


Canarias está en «colapso absoluto«. Así ha definido la situación el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha asegurado que las ONG y los recursos para la atención de menores no acompañados que han llegado al archipiélago a bordo de cayucos están al límite, teniendo que ejercer tutela . judicial eficaz unos 4.500 niños y niñas migrantes.

La misma idea ha sido compartida por la ministra de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, quien ha afirmado que la inmigración es un «asunto de estado«y ha exigido un »reparto obligatorio« de menores inmigrantes.

Según confesó en el pleno del Parlamento canario, «la solidaridad no va a función” Ya que si bien hay cerca de 4.500 menores migrantes bajo tutela del archipiélago, el compromiso de derivación apenas ronda los 900.

Para Barreto, las islas “sí responden” y por eso el Gobierno de Canarias ya está trabajando en una iniciativa legal, que será trasladada al Gobierno central, para establecer el obligatorio en el país en su conjunto. El consejero ha compartido la exigencia del presidente Clavijo de nombrar un “mando único” ya que “no es razonable seguir llamando a seis puertas” en relación a los diferentes ministerios implicados en materia de inmigración.

El consejero ha valorado la predisposición del Gobierno canario en colaborar con el Ejecutivo Central en el reparto de adultos migrantes y los refuerzos sanitarios conseguidos en El Hierro y la contratación de intérpretes y más personal en la Fiscalía.

No hay noticias de Belarra

Así como ha elogiado el apoyo de los ministros José Luis Escrivá y Fernando Grande-Marlaska, Clavijo explicó en una entrevista en Ser que con la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarrano podía “ni siquiera hablar” a pesar de ser competente en asuntos de menores. Es Belarra “a quien le corresponde atender y colaborar en la atención de los menores no acompañados”.

Aunque ha asegurado que no advierte una “falta de solidaridad” por parte de sus homólogos del resto de comunidades, ha valorado como “absolutamente insuficiente” el número de 347 menores que se han acordado para traslados a la península.

Una vez más, ha pedido una modificación legislativa para que el reparto de menores no acompañados se puede llevar a cabo basándose en “criterios territoriales”, de producto interior bruto de la comunidad autónoma, de población. Según ha destacado, a los niños hay que cuidarlos »adecuadamente«. »Hay que enseñarles el idioma, hay que educarlos, hay que cuidarlos, hay que garantizar, son menores de edad las 24 horas del día«.

Mal identificado y desprotegido

La protección de los menores inmigrantes no acompañados es compleja, y así lo afirman la Plataforma Infancia, Save the Children y Unicef, que han informado que muchos de estos menores inmigrantes no están correctamente identificados y sufren el “uso sistemático” de pruebas para determinar su edad.

«Identificación incorrecta significa dejar a los niños desprotegido y sin acceso a los derechos más básicos de los niños, como la protección, la educación o la reagrupación familiar”, denuncia la plataforma, que advierte de que se están notificando a las Fiscalías muchos casos de menores que no han sido correctamente identificados y han sido remitidos a centros de adultos.

Una ley fuera de contexto

Además, Clavijo ha insistido en la necesidad de abordar una modificación de la ley del menor, ya que en su momento se creó para “situaciones extraordinarias de retirada de la tutela a los padres por abandono del menor”, por lo que en el caso de la migración, lo que tiene que prevalecer es “el derecho del menor» porque en estos momentos es competencia exclusiva del Estado y lo que tienen las comunidades autónomas, en este caso Canarias, es la «tutela judicial efectiva» de los menores.

Esta ley, subrayó, “no está pensada para eso”, de ahí que tener que modificary para que el Estado lo asuma y puedan ser distribuidos por todo el territorio nacional para que Canarias “no tenga que soportar” esa carga, entre otras cosas porque “no se puede garantizar que estos menores vayan a estar bien atendidos”.

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