La defensa del asesor de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, en el caso Tsunami ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional donde afirma que el juez de instrucción Manuel García Castellón ha sido capaz de incumplir la Directiva europea de lucha contra el terrorismo al introducir en La investigación investiga la muerte de un turista francés por un infarto durante el asedio de El Prat sin haber avisado a Francia ni a su familia en cuatro años de investigación.
La carta, firmada por el abogado de Puigdemont -aunque Tsunami todavía no ha hecho ningún movimiento-, Gonzalo Boye, exige acceder a los procedimientos llevados a cabo para cumplir con esa Directiva, dado que el auto firmado el lunes dirige la investigación contra sus clientes por presuntos delitos de terrorismo. abre la puerta a vincular las protestas en el aeropuerto de Barcelona con esa muerte.
Pide que “en caso de no actuar de conformidad con el Derecho de la Unión, esta obligación se cumpla, con carácter de urgencia, a través de los instrumentos de cooperación jurídica establecidos entre los Estados miembros” y “que se informe inmediatamente a las autoridades de la Unión “. Estado miembro de nacionalidad del causante la grave situación de incumplimiento en que habría incurrido este Tribunal.
Asimismo, insta al instructor a obtener de las autoridades francesas “toda la documentación que tengan sobre si se activó algún mecanismo por parte de dicho Estado para considerar al fallecido como víctima del terrorismo y si se aplicó alguna de las medidas previstas” en esa norma. . Unión Europea para proteger a los afectados.
Boye hace referencia a los artículos de la Directiva según los cuales “los Estados miembros deben garantizar que todas las víctimas del terrorismo tengan acceso, en el Estado miembro en el que se cometió el delito de terrorismo, a información sobre los derechos de las víctimas y a los servicios disponibles sistemas de apoyo y compensación.
Medidas
También exige “adoptar las medidas necesarias para promover la cooperación” con el fin de “garantizar que las víctimas del terrorismo que residen en un Estado miembro distinto de aquel en el que se cometió el delito de terrorismo tengan acceso efectivo a dicha información”, entre otras cosas. otros.
“Es inimaginable pensar que cuando han transcurrido más de cuatro años de los hechos que supuestamente estaban siendo investigados como delito de terrorismo, no se hubiera actuado conforme al Derecho de la Unión porque de ser así, la mera existencia y forma de procesar este procedimiento nos estaría arrastrando a un procedimiento de incumplimiento con las consecuencias que ello tendría para el derecho de la Unión y la imagen de la Justicia en su conjunto”, afirma la carta.
“Dicho más claro”, añade, “no puede haber un procedimiento por un presunto delito de terrorismo en el que estos hechos estén también vinculados a la muerte de una persona y que, al mismo tiempo, no hayan concluido, en más de 4 años, con lo dispuesto en el citado artículo 26, que establece obligaciones estatales, pero que recaen sobre este Investigador, respecto de una presunta víctima de un delito de terrorismo.
El auto del juez Manuel García Castellón que este lunes dirigió el caso Tsunami contra Puigdemont, Alay, la número dos de ERC Marta Rovira y otra decena de personas señalando delitos de terrorismo en la organización de las protestas que provocaron graves disturbios en Cataluña en el otoño de 2019 informa que una persona murió “en el marco” de una de esas acciones, el asedio de El Prat.
“La investigación debe determinar la relación entre la muerte de la persona referida y la acción expuesta, y debe determinarse si esta muerte reportada en los medios es objetivamente imputable a los responsables de la organización”, señala la resolución, que ordena la unidad de investigación “para para informar la muerte de la persona de la que se hacen eco los medios y su posible vinculación con la acción de bloqueo de acceso al aeropuerto, su identificación a efectos de poder citar a su familiares como heridos».