El Ministerio Público ha solicitado archivar la acusación de cohecho contra Joan Laporta que el juez del caso Negreira decretó el pasado 18 de octubre. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado esta petición tras concluir que sus posibles delitos habrían prescrito en julio de 2020, sin siendo considerado responsable de los pagos realizados por los directorios que le sucedieron.
En su recurso, los fiscales Luis García Cantón y Ricardo Sanz-Garea piden a la Audiencia de Barcelona que revoque el auto en el que el juez instructor accede a investigar a Laporta porque considera que los pagos realizados entre 2008 y 2010 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) no han caducado. Por lo tanto, Hay discrepancia entre el juez y la Fiscalía sobre si esos hechos han prescrito o no.
Él juez joaquin aguirre sostiene que el plazo de prescripción por cohecho continuado, delito del que se acusó al actual presidente del Barça, es de diez años -que hay que contar hacia atrás- desde la fecha del último pago a Negreira, en julio de 2018, y insiste en que el crimen es atribuible a los distintos presidentes eso pasó en el Barça, porque el que “paga” siempre era el mismo, el club.
Un razonamiento que no comparte el La oficina del fiscal. Los dos fiscales no están de acuerdo con el cálculo del juez sobre el ‘caso Negreira’ y el “sentido temporal” en el que se aplica la prescripción, que creen que debe computarse desde la última infracción penal hasta el presente. Según el recurso, Laporta puso fin a su presidencia el 30 de junio de 2010, por lo que la responsabilidad por sus posibles delitos “prescribió diez años después, lejos de marzo de 2023, en que se admitió la denuncia de la Fiscalía”.
No hay visos de acuerdo entre presidentes, según la Fiscalía
Otro de los argumentos que discuten los fiscales es la teoría de la “autoría adhesiva” En lo que se basó el juez para responsabilizar a todos los presidentes del Barça por los pagos que el club realizó a Negreira entre los años 2001 y 2018, que ascendieron a 7,3 millones de euros. Para los fiscales, a Laporta sólo se le puede responsabilizar de los “hechos u omisiones” sobre los que podría tener “control”, sin que exista el “más mínimo indicio” de que existiera un “acuerdo, connivencia, convención o concierto entre los sucesivos dirigentes de FCB” en relación con los pagos a Negreira.
En este sentido, el Ministerio Público recuerda que a lo largo de la investigación del caso, “Nunca se ha planteado la opción -ni siquiera como mera posibilidad-” de la existencia de un “pacto” entre los presidentes investigados y las personas que formaron parte de sus sucesivos consejos directivos.
“En ningún momento se ha considerado que los diferentes participantes actuaran en una especie de reparto de roles con aportaciones recíprocas casuales que pudieran dar lugar a lo que se ha denominado imputación conjunta”, subraya el recurso.
Según los fiscales anticorrupción, Cada presidente y cada directorio “es responsable -en su caso- de los pagos realizados al señor Enríquez Negreira durante el período en que ejerció sus cargos.sin poder atribuir, por ejemplo, al señor Rosell los pagos que haya podido realizar Bartomeu ni a él los realizados por el señor Laporta.”
El Fiscalía aclara en su escrito que El recurso contra la acusación de Laporta no implica que el Ministerio Público discrepe de que el juez instructor haya acusado a los investigados de un delito de cohecho por el “caso Negreira”, al entender que el cargo de vicepresidente de la CTA puede ser considerado similar al de un funcionario público con fines penales.
La acusación de cohecho ha sido recurrida ante la Audiencia de Barcelona por las defensas de los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell y por el propio club, aunque la Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre esta calificación penal. En ese sentido, el escrito insiste en que el planteamiento de la Fiscalía “es exactamente el mismo, se consideren o no soborno los supuestos pagos realizados por la FCB a Enríquez Negreira y su hijo”.