El anuncio, si no hay imprevisto de última hora, se producirá después de días de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desentrañar algunas diferencias en la redacción de la ley de amnistía y definición de su alcance.
El objetivo era conseguir que la ley no tuviera fisuras y pudiera pasar la tramitación parlamentaria y el examen al que previsiblemente sería sometida por el Tribunal Constitucional.
Así, las citadas fuentes han explicado que está previsto que la ley de amnistía sea presentada la próxima semana.
Fuentes socialistas han asegurado que siguen hablando con el equipo negociador de Junts y que lo seguirán haciendo “toda la noche”.
Negociaciones
Aunque las negociaciones con Junts comenzaron hace tiempo, se aceleraron tras el acuerdo anunciado entre los socialistas y ERC la semana pasada, que contemplaba una ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso completo de Rodalies y una condonación de parte de la Fondo de Liquidez Autónomo (FLA), al que corresponden 15.000 millones de euros.
El mismo día en que se anunció dicho acuerdo, El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont convocó a la dirección de Junts en Bélgica y entonces parecía que el acuerdo de Junts con el PSOE estaba cerca, pero no fue así.
El Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, viajó hace días a Bruselas para intentar cerrar el acuerdo lo antes posible, dado que los socialistas querían celebrar el pleno de investidura a lo largo de esta semana.
Sin embargo, la negociación y el intercambio de documentos se han prolongado hasta ahora porque Puigdemont no estaba dispuesto a ceder en determinadas cuestionesentre los que destaca el hecho de que la amnistía incluyó a los afectados por el caso ‘Volhov’, que investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista.
Alay, Boye y Borràs
Uno de los afectados en ese caso es el jefe del despacho del expresident, Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, pero también querían que la amnistía incluyera otros nombrescomo el de su abogado, Gonzalo Boye, y el de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs.
También Pidieron la figura de un “mediador internacional” y así ir más allá de la verificación acordada entre socialistas y republicanos, con presencia en una mesa de partidos y no en la mesa de negociación entre gobiernos.
Ambas partes se han visto obligadas a negociar antes de que finalice el plazo que supondría el escenario de una repetición electoral -27 de noviembre-.