Castilla y León Tiene una infrafinanciación anual de 395 millones de euros y 158 euros por habitantelo que representa un déficit acumulado de 5.137 millones en los recursos liquidados del sistema de financiamiento regional entre 2009-2021, lo que en la práctica significa que en promedio un 6 por ciento del gasto social no está cubierto.
Así se refleja en el informe ‘Análisis de la gestión del programa presupuestario de la Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y gasto en sanidad y educación, ejercicios 2004-2021’ entregado por el Consejo de Cuentas a las Cortes de Castilla y León. en el que se recomienda a la Junta y a los grupos parlamentarios, para corregir este déficit, promover en una revisión del sistema de financiación que se ponderen variables no poblacionales, tal y como contempla el Estatuto de Autonomías.
Específico, el déficit de financiación acumulado de 2009 a 2021, Calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende a 6.722 millones. Sin embargo, se descuentan los recursos extraordinarios recibidos en 2020 y 2021 por la pandemia, de 843 y 741 millones, respectivamente, asciende a 5.137 millones, lo que en promedio representa un desfinanciamiento de 395 millones anuales, con un 6 por ciento promedio de cobertura social no cubierta. gasto.
El gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021. Se trata del cuarto con mayor incremento respecto a 2009, un 28 por ciento.
La financiación líquida recibida (entendida como la suma de los pagos a cuenta más las liquidaciones definitivas, menos las devoluciones de las liquidaciones negativas), ascendió a 6.629 millones en 2009, que se eleva a 6.746 millones en 2021, un 2 por ciento más. Por su parte, el gasto social en sanidad, educación y servicios sociales ha aumentado de 6.444 millones en 2009 a 7.672 millones en 2021, con un aumento del 19 por ciento.
En el sistema de financiación, La población ajustada mide la necesidad de gastar los diferentes servicios fundamentales, y es determinante para la distribución del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, pero su peso relativo ponderado ha ido disminuyendo respecto al que tenía en 2010. En Castilla y León ha pasado de representar el 6,23 por ciento al 5,84 por ciento. en 2021. Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales 2021 estimada en 387 millones.
Recuerde el informe que el cálculo de la población ajustada da peso residual a los factores no poblacionales, concretamente del 3 por ciento, incide, según se explicó, en el coste diferencial de prestación de los servicios. Así, esta baja ponderación afecta a la financiación de Castilla y León, ya que no refleja suficientemente las singularidades que presenta por su superficie, su dispersión y el impacto de la distribución geográfica de la población en la distribución de los recursos.
Asimismo, el informe destaca que retos demográficos como la baja densidad o el envejecimiento no se consideran como tales entre las variables poblacionales del modelo actual, que no cumple con lo previsto en el artículo 83.6 del Estatuto de Autonomía. Por eso el Consejo de Cuentas recomienda a la Junta y a los grupos parlamentarios que, en la revisión del sistemahacer cumplir su acuerdo comunitario para que se dé mayor peso a las singularidades de Castilla y León.