‘Lawfare’ no es un concepto jurídico en el ordenamiento jurídico español, sino un término importado del mundo anglosajón y construido con los términos ‘law’ y ‘warfare’, que Se utiliza para englobar la idea de persecución judicial. basado en intereses espurios y no en el Estado de derecho.
En concreto, Oxford la define como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña contra un país o grupo” y afirma la Fundación Urgente Española RAE que en España se traduce como “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política”. Básicamente, es una guerra sucia desde los tribunales, ya sea para perseguir políticamente a alguien, desacreditarlo o destruir su imagen pública.
De ahí la relevancia del acuerdo firmado este jueves entre el PSOE y Junts reconociendo la existencia del ‘lawfare’, porque implica admitir que en un Estado de derecho se persigue desde los tribunales a personas por intereses espurios.
Sin embargo, los principales introductores de este concepto en el debate público nacional no fueron los independentistas catalanes, sino Podemos, a raíz de las investigaciones que se iniciaron tras su irrupción en el ámbito político nacional por indicios de vínculos con países extranjeros y sospechas de financiación. irregular.
Ahora, lo utilizan con fruición los partidos independentistas para responder a todo lo que les lleva ante los tribunales. Entienden que hubo ‘lawfare’ en el proceso por el que dirigentes como Oriol Junqueras acabaron condenados en el Tribunal Supremo por el procés, pero también en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra un grupo de CDR radicales acusados de terrorismo.