El acuerdo firmado en Bruselas (Bélgica), este jueves, por los representantes del PSOE, Santos Cerdán, y de Juntos, Jordi Turull, por el que los siete diputados del partido de Carles Puigdemont en el Congreso dan su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y “estabilidad” al Gobierno de coalición con Sumar surgido de las elecciones del 23J se basa en una narrativa nacionalista que, por primera vez, se aceptado por los socialistas.
El documento se divide en tres secciones (antecedentes, oportunidad histórica y acuerdos), las dos primeras establecen una narrativa compartida que justifica los acuerdos específicos del tercer punto. En este relato se distorsiona el pasado, se omiten hechos relevantes y, en ocasiones, se falsean situaciones políticas de las últimas décadas en Cataluña.
1. «En los últimos años, una parte importante de la sociedad catalana ha participado en una gran movilización a favor de la independencia. Este periodo no se entiende sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, fundamentalmente tras un recurso del PP contra el Estatuto aprobado por las Cortes, por las Cortes Generales y en referéndum.
Se omite en este apartado que además del recurso del PP contra el Estatuto de 2006, nueve recursos más contra esta ley orgánica. Fueron los que presentaron ocho comunidades autónomas (una, Aragón, gobernada por el PSOE) y el Defensor del Pueblo entre 2000 y 2010, Enrique Múgica (PSOE). Asimismo, se olvida que entre 2010, fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional, y 2012, año en el que se produjo la primera manifestación multitudinaria por la Diada, el Gobierno catalán de CiU, presidido por Artur Mas, Acordó los dos presupuestos autonómicos con el PP, tras ser investido ‘president’ gracias a un pacto con el PSC.
2. «Con la aprobación de un nuevo Estatuto, la sociedad catalana, que lo avaló (…)».
En ningún punto del documento se recuerda que la votación del referéndum sobre el Estatuto una participación del 49% de catalanes con derecho a voto. Parece muy atrevido defender como argumento político que la sociedad catalana avaló un texto con una participación que no llegó ni a la mitad. El 74% de los que votaron lo hicieron por el ‘sí’. Curiosamente, ERC votó ‘no’ al texto estatutario.
3. “Reivindicaciones y reivindicaciones con un profundo trasfondo histórico y que han tomado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones y las instituciones laicas de Cataluña.”
El nacionalismo catalán, y el PSOE lo avala, recurre al año 1714 y a la victoria de los Borbones contra los austriacos, en el marco de la Guerra de Sucesión de la Monarquía española a principios del siglo XVIII, como origen de todos sus males. . Sin embargo, aparte de que la victoria de Felipe V sobre el archiduque Carlos fue el comienzo de un siglo de prosperidad económica y social para Cataluña, La mayoría de los catalanes han formado parte y han sido protagonistas de los hitos posteriores de la formación de España, sin ir más lejos, la Constitución de 1978.
4. “La sentencia del TC de 2010 hizo que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un Estatuto que no ha sido votado íntegramente por sus ciudadanos”.
Esta afirmación es mentira. Se puede discutir la profundidad de los ajustes que ha tenido que hacer el Tribunal Superior en las normas estatutarias, que son leyes orgánicas, pero no se puede decir que la de Cataluña sea la única que fue votada y luego modificada por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado en 2007 fue ajustado a derecho por el Tribunal Constitucional en 2011, anulando un artículo. A esto hay que añadir que la sentencia del Estatuto catalán de 2010 Es el resultado de la mayoría progresista de la Corte. Cabe recordar que fueron los jueces considerados conservadores quienes emitieron votos disidentes sobre la sentencia.
5. “Como reacción (al fallo del TC), hubo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han repetido mayorías parlamentarias absolutas independentistas en el Parlament en sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de un partido pro- carácter independentista.”
Este párrafo omite que la manifestación contra la sentencia del TC, que fue multitudinaria y estuvo encabezada por José Montilla, entonces presidente de la Generalitat y que tuvo que abandonar antes de tiempo para evitar ser atacado por los radicales independentistas, fue en 2010. Lo que pasó entre 2010 y 2015? Para empezar, una crisis económica en 2012 que obligó al Gobierno de Mas a realizar algunos recortes en los presupuestos regionales como nunca antes se había visto. En 2011, Mas tuvo que entrar en el Parlamento en helicóptero el día en que se votaban los recortes. Los diputados tuvieron que hacerlo entre insultos y agresiones, verbales, al menos, y escoltados por los Mossos d’Esquadra. Esas medidas fueron adoptadas con el apoyo del PP. Unos meses después, CiU iniciaba el camino del “derecho a decidir”. En el citado párrafo del acuerdo PSOE-Junts salta a la vista que así como ha habido manifestaciones multitudinarias a favor de la independencia, también ha habido movilizaciones en su contra en Barcelona, sobre todo desde 2017.
6. «En ese período se aprobaron distintas propuestas por parte del Parlament y de la Generalitat de Cataluña en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de competencias para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Lamentablemente los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fueron consideradas.
No sólo fueron “los gobiernos de la época”, presididos por Mariano Rajoy, los que dijeron ‘no’ a las peticiones “en materia fiscal” (2012, Artur Mas: o el acuerdo económico o la independencia), sino también el Congreso que se posicionó en contra del referéndum en Cataluña. En varias ocasiones a través de mociones o propuestas no vinculantes, siempre con el voto en contra del PSOE y el PSC. Y en 2014 con una petición formal del Parlament presentada y defendida por tres diputados autonómicos en la Cámara Baja (Marta Rovira, Jordi Turull y Joan Herrera). Fue Rubalcaba (PSOE) quien en aquel debate defendió que “no se puede preguntar a unos pocos lo que es de todos”. El Congreso dijo ‘no’, que es tan democrático como decir ‘sí’, a pesar de que el nacionalismo considera no sólo que es lo correcto sino que hay que darlo.
7. «A raíz de estos hechos, las instituciones catalanas impulsaron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum independentista el 1 de octubre de 2017 —ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva a favor de la independencia. de Cataluña.
Nadie puede dar fe de que ambas consultas ilegales tuvieran una respuesta “masiva” como la que queremos dar a entender, aunque sí tuvieron un seguimiento considerable. las llamadas no cumplió con los estándares que la Comisión de Venecia establece considerarlos válidos en parámetros democráticos. Entre otras cosas, empezando por el censo. En el 1-O se podía votar tantas veces como se pudiera y se quisiera porque el sistema que se utilizó (para intentar burlar la acción de la Justicia) era totalmente vulnerable. Además, no hubo campañas a favor de las dos posiciones que se presentaron en la votación y, desde los organizadores, es decir, la Generalitat, sólo se cuestionó a los que optaron por el ‘sí’. El 9-N y el 1-O no fueron más que dos manifestaciones independentistas más.
8. “El intento del Gobierno de impedir el referéndum (1-O) dio lugar a imágenes que nos conmocionaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”.
Más allá del “intento” del Ejecutivo y de las imágenes (entre las que se colaron ‘fake news’), la actuación policial del 1-O fue apoyada, revisada y controlada judicialmente. ella era la juez Mercedes Armas que ordenó a los Mossos d’Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil actuar para impedir el referéndum ilegal del 1-O. De hecho, Armas negó en 2019 haber dado órdenes para poner fin, al mediodía de ese domingo, a las cargas policiales contra lo que impedía el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
9. “Estos acuerdos (alcanzados por PSOE y Junts) deben responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Cataluña que, según el Estatuto (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Cataluña”.
Y llegamos así al relato defendido por el nacionalismo catalán, y ahora aceptado por el PSOE, de que el Parlament está por encima de cualquier norma, ley, tribunal y parlamento. Es decir, cualquier acuerdo al que lleguen PSOE y Junts debe encajar en lo que se decide en el Parlament, al margen de lo que diga la Constitución (que no se cita ni una sola vez en el documento) y, por supuesto, los tribunales. de Justicia. Es El choque de legitimidad que el PSOE también acepta en el acuerdo con ERC para la investidura de Sánchez. Es la aceptación de que en 2017 se enfrentaron dos legitimidades, la que surgió del Parlamento con la aprobación de las llamadas leyes de desconexión, y la que emanó de los tribunales y la acción del Senado (155) y el Gobierno.