PSOE y Junts han sellado un acuerdo para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez que incluye un ley de amnistía para los implicados en el proceso y que también admite supuestos de ‘lawfare’, según el texto al que ha tenido acceso ‘Europa Press’.
De esta forma, se abre la puerta a que la amnistía cubra aquellos casos del llamado ‘lawfare’, entre los que el mundo independentista sitúa los de Boye, Borràs, los Pujol o la del exconseller del Interior Miquel Buch y el Mosso d’esquadra Lluís Escolà.
Las asociaciones de jueces y fiscales han expresado su “preocupación profunda“Por el acuerdo cerrado este jueves en Bruselas para investir a Sánchez. Un acuerdo que incluye amnistía y que consideran que”existe un riesgo evidente de quebrantar la democracia“.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han firmado un comunicado conjunto donde ponen el foco en “las referencias al ‘lawfare’ o ‘judicialización de la política’ y sus consecuencias” para expresar su “rechazo”.
El comunicado de los juristas se dio a conocer a través de la cuenta ‘X’ (ex Twitter).
“El texto del acuerdo alcanzado contiene referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en las sedes parlamentarias con el fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, podrían dar lugar a acciones de responsabilidad o legislativas. modificaciones (…) Esto podría significar, en la práctica, someter los procedimientos y decisiones judiciales a revisión parlamentaria con evidente interferencia en la independencia judicial y ruptura de la separación de poderes“dice el comunicado.
Los juristas responden que los jueces deben someterse “únicamente al Estado de Derecho, ya que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”.
“La justicia emana del pueblo y es administrada en nombre del Rey por Jueces y Magistrados que son miembros del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sujetos únicamente al Estado de derecho.” detalla el artículo 117.1 de la Carta Magna.
“Existe un riesgo evidente de quebrantar la democracia”
Además, aclaran que el Poder Judicial es “independiente” y no puede actuar bajo “presiones políticas”. Sergio Oliva, miembro de la comité nacional ajfvexige que se respete la separación de poderes y la independencia judicial, advirtiendo que “estamos en un momento muy crítico” porque “existe un riesgo evidente de ruptura de la democracia”. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) ha mostrado en un comunicado su más firme oposición al acuerdo de investidura al entender que se trata de “un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un desprecio absoluto del Estado de derecho”.
“El uso del término ‘guerra judicial’ (lawfare) utilizado en el acuerdo es inadmisible, ya que es un concepto que no encaja en nuestro actual orden constitucional”, subraya el texto de la asociación mayoritaria.
El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, también cree que el acuerdo “es muy serio” e implícitamente representa “un cambio de modelo constitucional”.