El órgano ejecutivo del CGPJ los ha tildado de “inadmisibles”“tanto semántica como sustantivamente”, las referencias “al ‘lawfare’ -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts con el fin de facilitar la investidura”.
“Ante el anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que podrían determinar las ambiguamente llamadas ‘responsabilidades’ derivadas, precisamente, de constatar situaciones de guerra legal, Nos hacemos eco y compartimos el rechazo rotundo a este tipo de iniciativas, en línea con lo ya expresado por todas las asociaciones judiciales”, indicó.
Someter las decisiones judiciales a revisión parlamentaria
La Comisión Permanente afirma que “dicho repudio se fundamenta, de manera muy justificada, en la evidencia de que potencialmente implica someter decisiones a revisión parlamentaria “enmarcadas en la exclusividad de la competencia de nuestros tribunales”, decisiones que defienden que “fueron producidas de forma plenamente conforme a la legalidad entonces perseguida”.
Por todo ello, considera que “la iniciativa mencionada implicaría una injerencia inadmisible en la independencia judicial y un ataque flagrante a la separación de poderes”.
“La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de materializarse, determinaría nuestra oposición más frontal por los cauces legalmente establecidos”, advierte.
“Apoyo real” a los jueces
Al mismo tiempo, la Comisión Permanente quiso expresar su “apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos de la Poder legal con motivo de futuras actuaciones que puedan realizarse en el marco de la legalidad de cada momento, actual garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos.
La declaración ha sido aprobada con cinco votos a favor -los del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, las conservadoras Ángeles Carmona y Carmen Llombart y las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas- y con el voto en contra de la progresista Pilar. Sepúlveda. El texto ha sido enviado a los diez miembros restantes “para que, si lo desean, puedan expresar su apoyo”.
Cabe recordar que el CGPJ ya hizo su primer comunicado oficial sobre la amnistía el pasado lunes, advirtiendo de que, de aprobarse finalmente una ley en ese sentido, supondría la “abolición” del Estado de derecho.
Guilarte, aunque votó en blanco a la hora de aprobar esta declaración institucional al considerarla “prematura” porque aún no había texto sobre la amnistía, sí destacó que es “una misión ineludible del CGPJ defender la actuación de los órganos jurisdiccionales”. .