El anuncio se produjo días después de días de largas e intensas negociaciones entre ambas partes, que en los últimos días se centraron en desentrañar algunos diferencias en la redacción de la ley de amnistía y en la definición de su alcance. El objetivo era conseguir que la ley no tuviera fisuras y pudiera superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente será sometida por el Tribunal Constitucional.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, explicó ayer que el acuerdo con Junts para una ley de amnistía abarca a personas relacionadas con el procés desde su inicio, en 2012, hasta ayer cuando se cerró el pacto entre PSOE y Junts. “A partir de ahí tenemos que ver qué pasa contra los demás, no somos nosotros, serán los jueces los que valoren si cubre a unos u otros. No se han discutido nombres en particular”, dijo Santos Cerdán.
El texto admite la existencia de “profundas divergencias” que dieron lugar a un conflicto “que sólo la política en democracia puede canalizar para buscar una solución” porque seis años después “la cuestión de fondo sigue sin resolverse”. En este sentido, apuestan por buscar “una solución política y negociada al conflicto“, como lo definen, pese a que existen “discrepancias estructurales” entre los partidos y pese a la distancia que separa ambos proyectos nacionales.
“PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio hay una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable”, señalan. A continuación, indican que la resolución debe ser “negociada y acordada”.
Miedo a la justicia
Asimismo, Santos Cerdán desveló que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de dirigir sus investigaciones sobre Tsunami Democràtic y contra el expresidente catalán Carles Puigdemont llevó a Junts a “revisar” lo que ambas partes habían negociado respecto a la ley de amnistía. “Evidentemente, lo que ha pasado durante la semana con las acusaciones de terrorismo contra Carles Puigdemont también ha invitado a Junts a releer y revisar todo lo que habíamos comentado”.
Ley de amnistía a medida para los independentistas
El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez contempla una ley de amnistía que, según apunta, podría acabar incluyendo los supuestos casos de “lawfare” “o judicialización de la política”, entre los que estarían los del abogado Gonzalo Boye. la presidenta de Junts, Laura Borràs o el clan Pujol. El acuerdo vuelve a situar el origen del “conflicto” en la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 anuló varios artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, a partir de ahí, relata unos acontecimientos -del 9-N al 1-O- que derivaron en “múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas” y que “han tenido un impacto político relevante”.
Justifican la ley de amnistía en la necesidad de “buscar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para afrontar los retos del futuro inmediato”. Y precisan que, para ello, “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y la referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos hechos”. Aunque no detallan quiénes, sí dicen que durante la próxima legislatura se establecerán comisiones para “la aplicación de la ley”.