El CGPJ usará los cauces legales contra el ‘lawfare’ que incluye el pacto PSOE-Junts


Después de intensas negociaciones y desacuerdos, el PSOE y Junts por Cat Cerraron su acuerdo para la legislatura el jueves. Así lo confirmaron el secretario de Organización Socialista Santos Cerdán y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Este pacto incluye el concepto de ‘lawfare’, expresión que hace referencia al uso abusivo de la Justicia con fines políticos o, dicho de otro modo, a la judicialización del ámbito político. Jueces y fiscales han criticado el pacto, afirmando que ven un “riesgo evidente de quebrantar la democracia”. Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) utilizará los cauces legales establecidos ante acusaciones de ‘lawfare’.

El Comisión Permanente del Poder Judicial se reunió en sesión extraordinaria para aprobar una declaración sobre el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts. Tasa de “inadmisible”, “tanto semántica como sustantivamente”, las referencias al ‘lawfare’. “Ante el anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que podrían determinar las ambiguamente llamadas ‘responsabilidades’ derivadas, precisamente, de constatar situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el rechazo frontal a tales iniciativas, en línea con lo que ya lo han manifestado todas las asociaciones judiciales”, detalla el CGPJ.

Además, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI), asociaciones progresistas y conservadoras, han firmado un comunicado conjunto en el uno que rechazan “referencias al lawfare o ‘judicialización de la política’ y sus consecuencias”.

Ven un “riesgo evidente”

El segundocuatro asociaciones legales Considera que “el texto del acuerdo alcanzado contiene referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones investigadoras en las sedes parlamentarias a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, de ser el caso, podrían dar lugar a acciones judiciales”. responsabilidad o modificaciones legislativas”. “Esto podría significar, en la práctica, someter los procedimientos y decisiones judiciales a revisión parlamentaria con evidente interferencia en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Así lo afirman en una nota recogida por Europa Press.

“Los jueces deben someterse únicamente al Estado de Derecho, ya que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución.” “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa bajo presión política y tiene un sistema de garantías jurisdiccionales que elimina el riesgo que se señala”, denuncian.

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