El Colegio Nacional de Abogados de la Administración de Justicia, mayoritario en el organismo, se ha sumado a la contundente reacción de jueces y fiscales contra el acuerdo firmado entre PSOE y Junts y advierte de “peligro grave” que rigen “el principio de legalidad, de seguridad jurídica y de igualdad de los ciudadanos españoles”.
En un comunicado, la LAJ señala que España “no es ni puede convertirse en un régimen asambleario en el que los poderes ejecutivo y judicial están sujetos al legislativo.” Al contrario, señala, se trata de una democracia parlamentaria presidida por la división de poderes.
A su juicio, este acuerdo, que se produce en un contexto de “erosión sucesiva” de la confianza en el Tribunal Constitucional, en el CGPJ o en los Tribunales de Justicia, “compromete a quienes ejercen el tercer poder del Estadoquienes, precisamente, deberían encargarse de salvaguardar los principios que hoy se ven limitados, cuestionando una vez más su independencia con amenazas veladas”.
Reforma encubierta de la Constitución
«El compromiso con estos principios, junto con la unidad indisoluble de la Nación española en el artículo 2 (de la Constitución), o el avance hacia una organización diferente del Estado, demuestra que una reforma constitucional encubierta“, sin utilizar la vía establecida en los artículos 166 y siguientes de la Constitución”, advierten.
De esta forma expresan públicamente “la misma preocupación y apoyo” al comunicado publicado ayer por todos los colegios judiciales y fiscales, y “exigen” respeto al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en general.
Por su parte, Jueces Mayores de España ha mostrado “su rechazo” al acuerdo, especialmente en lo que tiene que ver con “las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias”. En su opinión, esto podría suponer, en la práctica, “una revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales con evidente injerencia en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa bajo presión política y tiene un sistema de garantías jurisdiccionales que elimina el riesgo que se señala”, afirma.
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) también se ha rebelado contra el acuerdo. La Junta de Gobierno del organismo aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que muestra su “preocupación” por su contenido. Así, recuerdan que la formación de mayorías parlamentarias “debe estar siempre sujeta al principio de legalidad constitucional”. También que la separación de poderes y sus mecanismos de control y equilibrios, “imponen el pleno respeto y cumplimiento de los tribunales de justicia y su función jurisdiccional”.
Inaceptable
El ICAM considera que el uso del término ‘lawfare’ (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a juzgados y tribunales “no tiene cabida” en un Estado democrático. “En consecuencia, la creación de comisiones parlamentarias de investigación para supervisar la acción jurisdiccional es inaceptable.” El Colegio añade que la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que “debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados” del que reclaman responsabilidad.
Asimismo, recuerdan que el Constitución Española y Tratado de la Unión Europea “Rigen todas las actuaciones, incluida la de los partidos políticos” por lo que sus principios deben ser defendidos por todos los poderes del Estado y de la sociedad civil.
Finalmente, el ICAM anuncia que ejercerá “cuantas acciones sean oportunas en defensa del Estado de Derecho y de la separación de poderes”.