En total, 80 jueces superiores de toda España (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra y Vigo incluidos) han intervenido en defensa de la independencia judicial. “También mostramos nuestro rechazo a las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias”. A esta carta se han sumado asociaciones de todo tipo, el Colegio Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces por la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI).
Señalan que el acuerdo entre ambos grupos “contiene referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en las sedes parlamentarias para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la políticacon las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Esta dinámica podría representar una “obvia interferencia en la independencia judicial y ruptura de la separación de poderes“, indican. Algo que está expresamente protegido por el artículo 117.1 de la Constitución.