El acuerdo firmado este jueves entre el PSOE y Junts per Catalunya no sólo ha levantado ampollas entre la clase política, sino también entre el mundo judicial y los trabajadores de la Administración pública.
Varios grupos de funcionarios han emitido contundentes declaraciones de rechazo al pacto firmado con el separatismo a cambio de su apoyo en la futura investidura de Pedro Sánchez.
Según ha publicado torrevieja news today, el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social rechaza “frontal y absolutamente” el acuerdo alcanzado al considerar que “viola la legislación vigente y supone la sustitución del actual régimen constitucional”.
«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias que no sean favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, principios, todos ellos vulnerados por los actuales acuerdos presentados”, afirman en un comunicado.
Colegio de Abogados de Madrid
Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) aprobó por unanimidad un comunicado institucional en el que muestra su “preocupación” por el contenido del acuerdo. Así, recuerdan que la formación de mayorías parlamentarias “debe estar siempre sujeta al principio de legalidad constitucional”. También que la separación de poderes y sus mecanismos de control y equilibrios, “imponen el pleno respeto y cumplimiento de los tribunales de justicia y su función jurisdiccional”.
Consideran que el uso del término ‘lawfare’ (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a juzgados y tribunales “no tiene cabida” en un Estado democrático. “En consecuencia, la creación de comisiones parlamentarias de investigación para supervisar la acción jurisdiccional es inaceptable.” Y añaden que la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que “debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados” de los que reclaman responsabilidad.
Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados de la Administración de Justicia, mayoritario en el organismo, advierte del “grave peligro” que corren “el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos españoles”. , la LAJ señala que España “no es ni puede convertirse en un régimen asambleario en el que los poderes ejecutivo y judicial estén sometidos al legislativo”. Al contrario, señala, se trata de una democracia parlamentaria presidida por la división de poderes.
De esta forma expresan públicamente “la misma preocupación y apoyo” al comunicado publicado este jueves por todos los colegios judiciales y fiscales, y “exigen” respeto al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en general.
En una situación muy insólita, el Colegio Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente se unieron este jueves para denunciar “las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias” contenidas en el texto del acuerdo.
«Estas expresiones, en la medida en que revelan desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El poder judicial en España es independientediente, no actúa bajo presión política y tiene un sistema de garantías jurisdiccionales que elimina el riesgo que se señala”, señala el comunicado conjunto.
Por su parte, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente y el Sindicato Progresista se han posicionado en contra del pacto por considerarlo “inadmisible”. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha mostrado “su más firme oposición” a la creación de comisiones de investigación para controlar la actuación de los jueces, “un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un desprecio absoluto de nuestro Estado de derecho”. .
“El uso del término ‘guerra judicial’ (lawfare) utilizado en el acuerdo es inadmisible – afirman – ya que es un concepto que no encaja en nuestro orden constitucional actual”. “Consideramos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en las sedes parlamentarias sobre procedimientos judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”, afirma la Unión Progresista de Fiscales.
El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha mostrado este viernes “su enorme preocupación por los efectos negativos que la actual situación política puede provocar en las empresas”, en referencia al caso concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid.
«Por ello, los Responsables Administrativos de Madrid piden que se respeten los principios de igualdad fiscal y solidaridad entre todos los españoles”, afirman en el texto, afirmando que la separación de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- es esencial para garantizar la legitimidad de las decisiones políticas adoptadas en un Estado de derecho. “Además, es el instrumento para el desarrollo social una convivencia que garantice seguridad jurídica y económica a empresas e inversores”, añaden.