Los prestigiosos bufetes de abogados Pérez-Llorca y Garrigues se manifiestan en contra del pacto PSOE-Junts


El descontento expresado en los últimos días en varias ciudades españolas por la Pacto de amnistía entre PSOE y Junts Ha trascendido a distintas instituciones que han mostrado su rechazo al mismo. En este sentido, Pérez-Llorca, uno de los despachos de abogados más importantes de nuestro país con delegaciones en Nueva York, Singapur, Londres, Bruselas y, de aquí a 2024, en Lisboa, ha revelado su firme oposición a las medidas contenidas en el acuerdo. entre ambos grupos para lograr la investidura de Pedro Sánchez, siendo el Primer bufete de abogados en expresar públicamente su desacuerdo..

En el comunicado difundido este viernes a través de la red social LinkedIn, el despacho de abogados que nació de la mano de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución, destaca la necesidad de respetar la independencia judicial, considerándolo uno de los pilares del Estado de Derecho. El texto hace referencia al término ‘lawfare’, incluido en el pacto formado por PSOE y Junts, y destaca que “los jueces y magistrados españoles ejercen su función conforme a derecho, con independencia y profesionalidad».

Con este comunicado, el prestigioso despacho de abogados manifiesta su apoyo al comunicado institucional emitido el pasado jueves por el junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que expresó su rechazo al acuerdo entre PSOE y Junts tras conocer el texto en el que se basa.

Bufetes de abogados y escuelas contra el pacto de amnistía

Aunque Pérez-Llorca ha sido el primer despacho de abogados que adopta una postura crítica con el acuerdo, varios despachos se plantean hacer lo propio ante la alarma jurisdiccional que ha generado el texto. De momento, el despacho que preside Fernando Vives, el despacho de abogados Garriguesha sido la segunda oficina en únete al desacuerdo con un comunicado en el que destaca su «desacuerdo con toda injerencia, desde cualquier posición política o ideológicaen la actividad de los jueces y magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, están sujetos únicamente al Estado de derecho.

A nivel institucional, varios colegios de abogados oficiales, incluido el de Granada y los tres que existen en la Región de Murcia, han emitido declaraciones similares contra el pacto PSOE-Junts. Tal y como ha hecho el Colegio de las Illes Balears, que ha calificado las medidas de “riesgo modesto de quiebra de la separación de poderes” y ha señalado que la referencia al ‘lawfare’ “siembra dudas inaceptables sobre la independencia de los juzgados y tribunalescontribuyendo al descrédito de la justicia.

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