El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, clausuró este sábado el congreso de la Asociación de Fiscales en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera con un discurso en el que no se refirió en ningún momento a los términos del pacto de investidura. de Pedro Sánchez firmado entre el PSOE y Junts que ha revolucionado el mundo jurídico, incluida la carrera fiscal.
Durante su presentación, y mientras se intensifican las críticas de las propias asociaciones de fiscales -incluida la progresista, de la que forma parte-, porque el acuerdo acepta la existencia de una persecución política al independentismo desde los tribunales y prevé que comisiones parlamentarias analicen él, ha defendido la legalidad y el Estado de derecho sin alusiones a este asunto.
Sí ha mencionado la ley de amnistía que el mismo acuerdo prevé aplicar a quienes estén involucrados en procesos judiciales por delitos relacionados con la independencia de Cataluña desde 2012 y lo ha hecho para recalcar, “entre los compañeros” fiscales, que debe hablar sin conocer el texto.
“Cualquier posición del Ministerio Fiscal sobre la anunciada Ley de Amnistía requiere, en todo caso, conocerla literalmente, y esta posición se hará a través de los cauces legales y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico exija nuestra intervención”, ha apuntado afuera.
En este sentido, ha subrayado que “la carrera fiscal” y él mismo como fiscal general “velarán siempre por la independencia de los tribunales y buscarán satisfacer el interés social ante ellos”. “Es nuestro imperativo constitucional y legal”, concluyó en la parte final de su intervención.
Como informa torrevieja news today, todas las asociaciones de fiscales, en una situación insólita, criticaron esta semana el pacto para la investidura de Pedro Sánchez por considerar que da por sentado que existe ‘lawfare’ en España y prevé que serán comisiones parlamentarias las que hagan entonces. Analizar en qué casos se trata de una intromisión intolerable en el principio general de separación de poderes.
Las asociaciones de fiscales, contra
Para la mayoritaria Asociación de Fiscales, que invitó a García Ortiz a clausurar el congreso, se trata de “un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un desprecio absoluto a nuestro Estado de derecho”. “El uso del término ‘guerra judicial’ (lawfare) utilizado en el acuerdo es inadmisible – afirman – ya que es un concepto que no encaja en nuestro orden constitucional actual”.
La Unión Progresista de Fiscales emitió un comunicado tras la firma del acuerdo mostrando su “absoluto rechazo” también a las referencias al “lawfare”. “Consideramos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en las sedes parlamentarias sobre los procedimientos judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”, señalaron.
Por su parte, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), con representación en el Consejo Fiscal, su portavoz, Salvador Viada, destacó la “seriedad” de lo firmado porque implica implícitamente “un cambio de modelo constitucional”. ” «Se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas mediante la negociación, se acepta un mediador y se negociará el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. “Ese es un golpe mortal al sistema constitucional español”, afirmó.