García Ortiz no ha “reprobado los ataques” a la Constitución, según la organización de fiscales. Rechazan “enérgicamente” la amnistía y el concepto de ‘guerra legal’, expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos. Una ley de amnistía supondría “la ruptura de las normas y principios básicos que definen a España como Estado de derecho”.
Asimismo, el Asociación de Fiscales Advierte de que la amnistía supondría también “un incumplimiento de los deberes y obligaciones de España hacia la Unión Europea”. Y en concreto “en la lucha decidida contra cualquier forma de corrupción y actividad terrorista, legitimando el uso de la violencia con fines políticos”.
Esta norma pactada con los independentistas implicaría también la “ruptura” del principio de “seguridad jurídica”. Su aprobación “no responde a razones de justicia y equidad, sino de mera utilidad privada”, afirman los fiscales.
Reacción de los trabajadores de la salud.
La reacción contra la amnistía viene de todos los sectores, también del sector sanitario. El Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) Advierte del “peligro” del “traspaso de competencias como el sistema MIR” o la “homologación de títulos”. Advierten que puedes perder el “homogeneidad y calidad” del actual sistema de salud.
Tomás Toranzo Cepedapresidente del CESM, afirma que “tendremos una formación sanitaria especializada y de peor calidad”.