El exconsejero Miquel Buch, condenado por contratar a un sargento como asesor y enviarlo a Bélgica para proteger al expresidente catalán
el jefe de la oficina Carlos Puigdemont ha exigido a la Generalitat que asigne un servicio de escolta para el Mossos d’Esquadra“de forma inmediata” y “con urgencia”, al expresidente catalán tras haber detectado “un aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para su persona desde hace unas semanas”.
En una carta dirigida al Departamento del Interior, Josep Llús Alay Recuerda que, desde julio de 2018, su despacho pide al Gobierno “que cumpla con esta responsabilidad sin éxito” y “con el silencio como respuesta”. Además, detalla que en enero de 2022 también escribió al director general de la policía regional con el mismo resultado.
Condena a Buch y Escol
Precisamente, hace dos meses, el exconsejero michael buch Fue condenado a cuatro años y medio de prisión y 20 años de inhabilitación por la comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación al contratar a un sargento de los Mossos como asesor en sistemas de seguridad para el Departamento del Interior y destinarlo posteriormente a Bélgica. , donde desarrolló “funciones de protección y seguridad” de Puigdemont durante más de medio año.
La Audiencia de Barcelona también condenó a cuatro años de prisión y 19 años de inhabilitación a Llus Escolel comando policial que colaboró con el líder de Juntos por Cataluña en su fuga y a quien Buch acabó nombrando asesor en julio de 2018, ya con Quim Torra como presidente de la Generalitat tras levantar en octubre de 2017 el artículo 155 de la Constitución por el que se intervenía la autonomía catalana.
Tanto Buch como Escol serán exonerados de sus condenas gracias a la amnistía acordado por él PSOE con Izquierda Republicana y JxCat y cuyo proyecto de ley los socialistas han registrado en solitario esta tarde en el Congreso de los Diputados. Alay también podría acogerse a la medida de gracia en los tres procesos judiciales que le afectan: el caso volohel de Tsunami Democrático y una acusación de presunta malversación de fondos por haber utilizado fondos públicos en un viaje, en 2018, como observador del referéndum de independencia de Nueva Caledonia (comunidad de ultramar de la República Francesa).