Soborno, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder legal y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Estos son los delitos que incluyen la queja que este martes presentó voz en eso Corte Suprema contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchezy en el que pide suspensión inmediata de la sesión de investidura prevista para mañana en el Congreso ante “la alarma social, la extrema gravedad y la urgencia por la supervivencia de nuestro ordenamiento jurídico”.
Se alude así a la quiebra del principio de separación de poderes y a la usurpación de la función constitucional de jueces y tribunales de juzgar y hacer cumplir lo juzgado; y la ley de amnistía, cuando discute de lleno la legitimidad de nuestro orden jurídico. También a la violación de los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica, legalidad y prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Para Vox, Sánchez “está cometiendo un delito de soborno de manera flagrante y pública y merece el inmediato reproche penal del Poder Judicial”. A su juicio, este delito se ha materializado mediante diversos actos, entre ellos, »negociaciones prohibidas a autoridades como un presidente del Gobierno en funciones, con abusos de sus poderes«. Según el colaboración con el terrorismo Lo acusa de “encubrir delincuentes y tratar de usurpar funciones judiciales”.
La formación de Abascal ve necesario adoptar las medidas oportunas para “evitar cautelarmente la ejecución compleja de los delitos objeto de la denuncia”, algo que sólo podrá conseguirse suspendiendo el acto de investidura. “Los espacios de impunidad no son admisibles, ni siquiera con la protección de una escasa mayoría parlamentaria que no puede legítima o legalmente legalizar lo ilegal y dejar impune lo criminal”.
Vox incluye al prófugo Puigdemont en la denuncia, ya que los acuerdos del PSOE con su partido “constituyen la compensación de Sánchez por el voto favorable de Junts en la investidura”. Estos acuerdos, añade, no sólo inciden en la mencionada separación de poderes y usurpación de la función jurisdiccional, sino que también implican “una violación directa” de los derechos constitucionales.
Además del abandono de funciones que atribuye al presidente del Gobierno, Vox también alude a la “toma de control” del Tribunal Constitucional y habla de “momentos de máxima gravedad para nuestra democracia”.