En una carta obtenida por Europa Press, Alay asegura que hace 22 meses pidió al director general de la Policía que cumpliera la ley en materia de protección y seguridad de Puigdemont. “La ley establece muy claramente que esta es una competencia que corresponde al Ministerio del Interior”, afirmó Alay, que lamenta no haber recibido respuesta.
El Ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolañosha asegurado que el Ministerio del Interior “tramitará y resolverá lo que proceda” sobre la solicitud de escolta del expresidente de la Generalitat.
Interior deja la decisión de dar escolta a Puigdemont a la Generalitat
El Ministerio del Interior deja en manos de la Generalitat de Cataluña la decisión de facilitar una escolta de los Mossos a Carles Puigdemont, una protección policial que sólo queda excluida en el caso de que requiera servicio fuera de España como Bélgica, país al que huyó en 2017 para evitar la acción de la justicia.
Por tanto, será el presidente catalán, Pere Aragonès, quien responda a la petición del político fugitivo formulada cuando los socialistas registraron la ley de amnistía y 48 horas antes de que Pedro Sánchez asuma, previsiblemente, como presidente de España.
La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska explica que es la Generalitat, a través de su Ministerio del Interior y los Mossos d’Esquadra, quien tiene que decidir si Puigdemont cumple los “criterios técnico-policiales” para contar con protección policial.
Solicitudes de acompañantes anteriores
No es la primera vez que Puigdemont pide ser escoltado. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller del Interior catalán michael buch a cuatro años y medio de prisión por designar al policía Lluís Escolà para escoltar al expresidente.
El servicio de escolta de Puigdemont ha generado diferentes polémicas desde su fuga de España en 2017. En abril de 2018, el Ministerio de Interior no autorizó el envío de una escolta.
La negativa se basó en la pérdida de su condición de autoridad pública y la existencia de un proceso judicial en su contra y una orden de aprehensión. Todo esto quedaría suspendido con la ley de amnistía.