La medida culmina el Gobierno de coalición sellado en enero de 2020 entre el PSOE y Unidas Podemos
La aprobación de la Ley de Amnistía supone un importante desgaste para el PSOE y el Gobierno. Entre las acciones para neutralizar este efecto, desde La Moncloa Se prepara una importante agenda social para marcar el inicio del nuevo Gobierno y se solicita una reunión con el vicepresidente del Comisión Europea, Vera Jourovy el Comisario de Justicia, Didier Reynderssolicitar una reunión y explicar la ley que establece el perdón para los involucrados en el proceso. A la espera de concretar estos nombramientos, el Ejecutivo ya despliega esa agenda social que neutraliza la erosión de su decisión política: 1.100 millones para cuidados de larga duración.
Este reparto de 1.100 millones a las comunidades autónomas fue aprobado el pasado mes de octubre dentro del marco del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Pero el Consejo de Ministros lo aprobó y lo hizo público este martes, en su última reunión antes de que se forme el nuevo Ejecutivo, en la antesala de la toma de posesión de Pedro Sánchez y como carta de presentación al nuevo gabinete. “La acción de este Gobierno ha tenido un gran impacto en las políticas sociales implementadas por las comunidades”, afirmó Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo. Aunque se trata de una inversión que pertenece a Derechos Sociales, la ministra titular, Ione Belarra, no ha comparecido.
Esta inversión “millonaria”, como la califican en La Moncloa, procede de los fondos del Plan de recuperación de la Unión Europea, para dedicarlos a implementar el Plan de Choque para la economía del cuidado. Las comunidades autónomas podrán ejecutar los fondos con proyectos relacionados con la economía del cuidado como los contenidos en el plan de cuidados y apoyo a la larga duración. Estos son: la dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en los cuidados en entornos comunitarios, y la remodelación y adaptación de los equipamientos existentes.
También la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, mediante la introducción de equipamientos en el hogar que favorezcan el fomento de la autonomía personal mediante el uso de teleasistencia avanzada, así como cualquier otro medio tecnológico que permita la prestación de apoyo y cuidados en hogares conectados. y entornos de cuidados inclusivos, también en zonas rurales. Asimismo, se financiará la transformación tecnológica de los servicios sociales, mediante la implementación de programas integrales para introducir nuevas tecnologías en la prestación de servicios sociales.
Esta medida culmina el Gobierno de coalición sellado en enero de 2020 entre el PSOE y Unidas Podemos, pero también anticipa que entre las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo que anunciará Pedro Sánchez en los próximos días, la agenda social tendrá un gran protagonismo. Marcar el camino y neutralizar la amnistía, para transmitir que la acción del Gobierno irá en sentido contrario. De hecho, Yolanda Díaz, que también será vicepresidenta en el nuevo gabinete, ya ha adelantado que convocará “inmediatamente” a sindicatos y patronal tras la toma de posesión de Pedro Sánchez para abordar una nueva subida del salario minimo interprofesional (SMI). Así, este nuevo aumento pretende ser una de las cartas de presentación, como ya ha sucedido con el Ejecutivo que ahora finaliza su andadura.
Cartas a Jourov y Reynders
Y mientras se da protagonismo a la agenda social, el Gobierno afronta otro frente importante provocado por la ejecución de la amnistía: Europa. Bruselas es consciente de lo que hace el Ejecutivo y de las consecuencias que puede conllevar esta decisión, especialmente lo que conlleva en el ejercicio de la Justicia y la separación de poderes. En una carta enviada a los ministros Félix Bolaños (Presidencia) y Pilar Llop (Justicia), la comisaria de Justicia de la UE pidió hace una semana información al Gobierno sobre la ley de amnistía.
Entonces no fue presentado. Ahora que ya se ha inscrito en el Congreso, y el PSOE también lo ha hecho en solitario, sin la firma del resto de sus socios de gobierno, Bolaos ha enviado cartas a Jourov y Reynders, a las que ha tenido acceso este periódico, en las que solicita una reunión “lo antes posible, para poder presentar la posición del Gobierno de España sobre este asunto”.
Asimismo, en la presente comunicación, el Ejecutivo informa del registro de la iniciativa en el Congreso y adjunta copia del documento registrado.