El subinspector que estaba a cargo del grupo de cinco policías nacionales que derribaron la puerta de una casa de la calle Lagasca de Madrid cuando, en plenas restricciones por la covid, en marzo de 2021, se celebraba una fiesta ilegal, se defendió este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid que “esta intervención fue necesaria, prudente, oportuna, proporcional y escrupulosamente ajustada a los parámetros de legalidad”. “Era necesario y urgente detener a los infractores de la ley”, afirmó.
Acusado de un delito de allanamiento de morada por parte de quien alquiló ese inmueble, se enfrenta a cuatro años de prisión, al igual que los otros cinco miembros de la Policía que participaron en la intervención. La Fiscalía no acusa porque entiende que los agentes acataron sus órdenes, que dio desde el convencimiento de que la decisión era la correcta.
Desde el banquillo, respondiendo a todas las partes y dirigiéndose al jurado popular que tendrá voz en este asunto, el subinspector ha subrayado que la ley permite entrar en el domicilio en caso de delito flagrante. Ese ilícito ya no era la fiesta en sí -en aquel momento había toque de queda y estaban prohibidas las reuniones de no convivientes-, sino el hecho de que durante más de media hora, los que estaban al otro lado de la puerta se negaran a identificarse. .
«Ahí tengo que acabar con esa conducta, no es agradable, pero es una conducta que la persona que viola la ley ha decidido y decidió no hacerlo. La negativa reiterada a identificarse se convierte en una resistencia grave cuando es persistente y recalcitrante”, subrayó ante la pregunta de la fiscalía.
Ha subrayado que al producirse en presencia de la autoridad, esta resistencia constituyó un delito flagrante por lo que la intervención no requirió orden judicial -“no era necesaria y si lo hubiera sido, la habría pedido”- y ha puesto en duda que se les acuse de allanamiento -como si hubieran entrado en esa casa por diversión-, pero nadie ha cuestionado la legalidad de las detenciones realizadas en el interior del apartamento, a 14 personas. En su opinión, esto ya es un indicador de que la acusación no tiene sentido.
Sobre los hechos, ha explicado que “al principio parecía una infracción administrativa” pero los vecinos les informaron que estaba “así desde hacía meses”. “Hay una señora en la habitación que tiene Alzheimer y cuando se despierta por los ruidos empieza a gritar y chillar. Una vecina ha tenido que aumentar la medicación (…) hay desperfectos en el portal… Nos damos cuenta de que esto va más allá de los ruidos”, añadió. Añade como telón de fondo el miedo al contagio de esos días.
El subinspector ha destacado en este punto que “estuvieron tres patrullas en los días anteriores y ninguna lo abrió”. “I No puedo darme la vuelta en esa situación.. Era necesario y urgente detener a los violadores de la legalidad, a las personas que desde hace días y meses no dejan en paz a los vecinos y sobre todo, saber quiénes son, porque si no, ¿a quién denuncio? Hay que identificar a aquellas personas que llevan tres días haciendo lo mismo”, concluyó.
No hubo obediencia debida porque la orden era legal
En este sentido, enfatizó que no había otra alternativa, como dejar a los agentes apostados en la puerta esperando a que salieran los que estaban dentro. «No voy a permitir que mis compañeros se queden en una puerta para que luego haya una persona que necesite ayuda por violencia de género y no pueda atender, pero también En interés de su integridad física: Las personas en estas fiestas ilegales pueden consumir sustancias, suele haber alcohol. Y si salen y ven dos en la puerta en lugar de los seis que estábamos nosotros, pueden aprovechar y decir, ya es hora”, dijo.
En cualquier caso, ha asumido toda la responsabilidad sobre los cinco policías a su cargo esa noche, destacando que no obedecieron porque tenían un deber que les impedía cuestionar una orden, sino porque esa orden era legal. «Tomé la decisión y ellos siguieron mis órdenes. Soy responsable (…) y Sin obediencia debida, la orden era legítima. y cumplieron con su obligación y no tengo dudas que si hubiera dado una orden ilegal me hubieran arrestado. “Todos teníamos claro que se trataba de un delito flagrante”, concluyó.
“Yo hubiera actuado de la misma manera”
Los cinco agentes del grupo han hecho declaraciones similares. Uno de ellos ha indicado que no tenía “ninguna duda” sobre la conveniencia de entrar en esa vivienda por la fuerza. “Si no hubiera venido el subinspector y me encontrara en esa intervención y no hubiera ningún otro responsable allí, habría actuado de la misma manera”, subrayó, tras insistir en que entraran, detuvieran a quienes habían presentado lo que lo percibieron como una “resistencia recalcitrante” a identificarse, y se marcharon, como habían hecho otras veces, sin que nadie los “puso colorados” por ello.
Otra de las policías de ese grupo se ha expresado de manera similar: si volviera a encontrarse en una situación similar, “no” cuestionaría la orden. Asimismo, el agente que manipuló el ariete y que ha afirmado que no le surgieron dudas sobre la legalidad de la acción.
De hecho, al día siguiente participó bajo mando en otro acceso a una vivienda de la calle Velázquez de Madrid, también por una fiesta ilegal con gente que no quiso identificarse: abrieron la puerta por el método del resbalón, sólo el grupo El líder fue llamado a declarar ante el tribunal. El caso se cerró respecto a la actuación policial al considerarse legítima y dos de los ocupantes del inmueble terminaron siendo condenados.
«Convicción de que era un piso de fiestas»
Una vez dentro, según el relato del subinspector encargado, lo que encontraron fue “lo más parecido a una discoteca, una discoteca”. «Las luces eran muy tenues, luz ambiental. Vasos y tazas por todos lados, más que personas. Botellas, ceniceros… por todas partes. Los abrigos tirados por ahí, en cualquier lugar… A día de hoy estoy convencido y sigo convencido de que aquello no servía de vivienda porque la casa así no tenía sentido, era un piso para fiestas.
A preguntas de la Fiscalía, añadió que las personas que estaban dentro estaban organizadas “por grupos” y “no podían comunicarse entre sí, hablaban diferentes idiomas” y “no se conocían”. Este hecho es relevante desde el punto de vista procesal porque se les acusa de allanamiento de morada sin que exista delito y la defensa sostiene que hubo delito flagrante por la resistencia de quienes se encontraban en el interior a identificarse y a los La vivienda no se constituyó porque sería una propiedad para alquiler turístico.
Tras el testimonio de los imputados, este jueves comienza la fase de testigos, incluida Isabel, la mujer que esa noche gritó a la policía desde el otro lado de la puerta, como se muestra en los vídeos que se difundieron de la acción, y que denunció – sin ningún proceso judicial- que había sido detenida ilegalmente.