Los integrantes del Colegio de Fiscales sostienen que la amnistía afecta la función constitucional del Ministerio Público.
Los miembros de la Asociación de Fiscalesque representan la mayoría de los consejo fiscal, han solicitado al fiscal general Álvaro García Ortiz fijar una sesión plenaria extraordinaria para abordar el proyecto de ley de amnistía.
Los siete consellers de AF piden que se fije una reunión cuyo único punto del orden del día sea “el debate y aprobación de la declaración institucional sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña”.
Los fiscales recuerdan que el Constitución encomienda “al Ministerio Público la misión de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social, así como promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público”. protegido por la ley.”
Los integrantes de la AF entienden que el contenido del proyecto de ley de amnistía y sus efectos afectarán “el buen funcionamiento del Ministerio Público”.
Asimismo, critican que “la fórmula de tramitación elegida por los impulsores de esta propuesta de ley orgánica implica que no será objeto del preceptivo informe del Consejo Fiscal a pesar de que rompe flagrantemente la separación de poderes al subordinar el Poder Judicial, en “que el Ministerio Público se integre con autonomía funcional, a la conveniencia y necesidades aritméticas de un futuro ejecutivo”.
Los miembros de la Asociación de Fiscales Defienden que, a pesar de que “nada impide que los efectos de esta propuesta de ley orgánica sean objeto de análisis y debate en el Pleno del Consejo Fiscal, aun cuando no tiene carácter obligatorio, lo que afecta directamente a la función del Poder Judicial en generales y el Ministerio de FinanzasEn particular, al provocar el cercenamiento de la función constitucional del Ministerio Fiscal de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, se hará necesaria la protección y el reconocimiento de la labor realizada y haber realizado por todos los Fiscales que, en el cumplimiento de la “legalidad y su compromiso constitucional, la intervención en los procesos judiciales que decaerán si se aprueba la propuesta, el daño a la seguridad jurídica y, en definitiva, el ajuste constitucional del propio instrumento normativo”.
Los vocales recuerdan a García Ortiz que “el Consejo Fiscal se configura como un órgano del Ministerio Fiscal que asesora al Procurador General del Estado en todas las materias que le somete el Procurador General y que, por su composición, se concibe como un órgano representativo de la Carrera Fiscal, que convierte sus debates en un foro de expresión de opiniones plurales y sensibilidades diversas, como lo ha sostenido en el pasado la Procuraduría General del Estado.